PSPV muestra su satisfacción por haberse “frustrado” un “pelotazo” y Compromís pide a Catalá que “deje de jugar al Monopoly”
VALÈNCIA, 11 (EUROPA PRESS)
La alcaldesa de València, María José Catalá, ha anunciado este martes que el Ayuntamiento asumirá la gestión directa de la construcción de las 227 viviendas de alquiler social, previstas dentro del Plan + Vivienda, en los cuatro solares municipales ubicados en Nou Moles y Faitanar, que estaban pendientes de adjudicación a través de un procedimiento de derechos de superficie.
Así lo ha anunciado después de que la empresa Nuevas Tecnologías de Financiación S.L., la única participante en la licitación abierta y de la que es administrador Javier Timoner, marido de la diputada del PP Alma Alfonso, se haya retirado de ese proceso, ante las “repetidas insidias” vertidas por el grupo municipal socialista, según ha denunciado la firma en un comunicado. Desde el PSPV y su portavoz municipal, Borja Sanjuan, se había calificado de “pelotazo urbanístico” que esa promoción se adjudique a esta compañía, que era la única aspirante en el proceso.
La empresa ha explicado que “la polémica y el ruido mediático generado han hecho que se retiren del proyecto los inversores”. “Por tanto, el aseguramiento de capital y la financiación externa previamente apalabrados que debían aportarse al proyecto por el que licitamos no han podido conseguirse”, ha expuesto.
Para Catalá, es una “mala noticia” que la oposición en el consistorio se dedique a “boicotear proyectos de construcción de viviendas públicas”. “No se conformaron en hacer solo 14 viviendas protegidas en los ocho de gobierno, con el balance más penoso de la historia de esta ciudad, sino que ahora se dedican a boicotear proyectos de viviendas protegidas”, ha criticado.
“TRANSPARENTE Y PÚBLICA CONCURRENCIA”
Según ha indicado en un comunicado el consistorio, el concurso público de los derechos de superficie permitía que el Ayuntamiento, a través de la colaboración público privada, se dotara de estas viviendas alquiler asequible. Catalá ha defendido que se trata de un procedimiento “totalmente transparente y de pública concurrencia”, por lo que ha lamentado que la oposición “ahuyente” inversión privada que iba destinada a la construcción de vivienda protegida.
Por su parte, Sanjuan ha mostrado su “satisfacción” porque la denuncia del PSPV “haya frustrado el pelotazo urbanístico de 155 millones que el gobierno del PP había adjudicado a Javier Timoner, marido de una diputada del PP en la ciudad e íntima amiga de María José Catalá”.
Sanjuan ha propuesto en un comunicado que, una vez “fracasada” la operación, que el PSPV había amenazado con llevar al síndic de Greuges y a Antifraude, sea la empresa pública Aumsa la que desarrolle directamente el suelo municipal y construya las viviendas públicas. A su juicio, la decisión de la empresa muestra que esta adjudicación “era indefendible y que no podían justificarla sin que fuera obvio lo que estaba ocurriendo”.
El portavoz del PSPV ha indicado que la renuncia confirma que “estaban preocupados porque habíamos destapado la relación entre quien iba a recibir suelo público del Ayuntamiento de València y el partido que gobierna. Primero, trataron de esconderlo y ahora, cuando se ha sabido la verdad, corren a intentar zanjarlo de manera rápida”, ha continuado.
“Con orgullo, que el Partido Socialista le ha ahorrado a los valencianos que se aprovechen del problema de la vivienda que existe en la ciudad para que unos pocos puedan hacer negocio”, ha afirmado, y ha añadido que “siempre será mejor para la ciudad que Aumsa construya la VPP que adjudicarle ese suelo a familiares y amigos del PP”.
Por su parte, la portavoz de Compromís en el Ayuntamiento, Papi Robles, ha exigido en un comunicado a Catalá que asuma “de manera urgente” a través de Aumsa esa construcción. “Catalá no puede dejar pasar más tiempo; el problema de la vivienda en València es muy grave, por eso debe ponerse a trabajar y asumir la construcción de estas viviendas de manera directa”, ha instado en un comunicado.
Robles considera que esta es una “nueva rectificación” de Catalá, “que se ha visto obligada a realizar tras descubrirse que había adjudicado el contrato a un familiar de una diputada del PP, favoreciendo presuntamente una operación especulativa con viviendas públicas”. “Catalá debe dejar de una vez por todas de jugar al Monopoly con nuestra ciudad para favorecer a los constructores privados”, ha aseverado Robles.
Compromís considera que “si ni siquiera eliminando el canon las empresas han optado por construir estas viviendas, lo mejor que puede hacer el gobierno municipal es hacerlo directamente desde el Ayuntamiento”. “La vivienda no puede ser un negocio para los especuladores. Y menos si los terrenos son públicos. Es indecente que un privado obtenga beneficios por explotar un suelo público destinado a vivienda residencial de alquiler social”, ha señalado la portavoz de la coalición.
Para Robles, “ahora Catalá tiene la oportunidad de demostrar que realmente quiere hacer algo, más allá de las palabras vacías. El PP siempre ha entendido la vivienda como un negocio, es hora de responder a las necesidades de los valencianos y valencianas y garantizar la vivienda social. Es el momento de demostrar que, más allá del negocio, están dispuestos a hacer algo para responder al principal problema de los vecinos de esta ciudad”, ha concluido Robles.
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