El acusado: “Mi abogada fue designada y contratada por el PSPV y no defiende mis intereses”
VALÈNCIA, 24 (EUROPA PRESS)
Francisco Javier Cañizares, el acusado ‘zombie’ en el caso Imelsa que ha renunciado a su abogada al alegar que la misa fue designada y contratada por el PSPV y que no defendía sus intereses, será juzgado en una pieza separada del procedimiento con un abogado de oficio que le designará el Colegio de Abogados.
Así lo ha acordado la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, tribunal encargado de juzgar las piezas B y F de Imelsa, relativas a los presuntos ‘zombies’ en Imelsa y Ciegsa, que cuentan, entre otros acusados, con el expresidente de la Diputación y del PP de la provincia de Valencia, Alfonso Rus.
Precisamente este lunes, día en que arrancó la vista, Cañizares ya solicitó el cambio de letrado y alegó que no se sentía bien defendido: “Me han puesto la abogada. Yo quiero decir la verdad (…) Quiere que diga que he trabajado en Imelsa y es mentira. Yo no he trabajado en Imelsa, he trabajado en el partido socialista de mantenimiento”, expuso. Tras ello, la letrada también renunció a su defensa pero el tribunal rechazó el cambio de abogada para no suspender el juicio.
Este martes, en la segunda jornada, el mismo acusado ha presentado una carta al tribunal en la que insistía en que quería cambiar de letrado. En concreto, en la misiva exponía que había perdido la confianza en su actual letrada, que “fue designada y contratada por el PSPV”.
En este sentido, en la carta explicaba que la letrada “tiene una estrategia más dedicada a exculpar a otras personas que a mi propia persona. Por eso siento indefensión absoluta, porque la estrategia de defensa que quiero no es la de mi abogada. No siento que se protejan mis intereses”, ha repetido.
Además, en la carta resaltaba que su última intención era dilatar el proceso, puesto que quiere que todo esto “termine cuanto antes”, pero tampoco puede –ha alegado– seguir con un abogado que no defiende sus intereses: “Quiero que esta pesadilla termine cuanto antes”, ha manifestado.
Tras su exposición, el fiscal Anticorrupción de esta causa, Pablo Ponce, ha manifestado que ya había llegado a un acuerdo de conformidad con su letrada que tal vez podía interesarle y ha pedido al tribunal unos minutos para hablar con él, pero el acusado se ha negado y ha manifestado que conocía los términos pero que no le interesaba.
En esta situación, la abogada de Cañizares, quien ha insistido en que no tiene por qué justificar su trabajo, ha anunciado que va a pedir amparo al Colegio de Abogados y que insistía en su renuncia a representar a su cliente.
Algunos compañeros de la letrada han ido haciendo propuestas al tribunal para solventar esta situación y la Audiencia, tras estudiarlas, ha acordado formar una pieza separada para juzgar en un procedimiento distinto a Cañizares con otro letrado asignado por el turno de oficio.
“Hay una manifiesta pérdida de confianza y, además, hay reciprocidad y dificultades de comunicación de la letrada con el cliente para poder hacerle llegar temas de estrategia. Mantener a este señor en el juicio con su letrada como defensa puede ir más allá de lo que cabe en restricción del derecho”, ha dicho el presidente el tribunal.
Así, pese a que –ha apuntado el tribunal– el momento en el que Cañizares hace esta petición es “tardío, con descuido y negligencia”, se ha acordado formar pieza separada y que el acusado pueda contar con otro letrado que le dé más confianza. De esta forma, el juicio por las piezas B y F sigue su curso pero se queda con 25 acusados.
LOS ACUSADOS
Junto a Rus hay otros acusados como el exsubdelegado del Gobierno en Valencia y exdiputado Rafael Rubio (PSPV) y el ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla y el exdiputado del PP Salvador Enguix.
Se trata del segundo juicio de la macrocausa de Imelsa, puesto que en mayo se juzgó la primera de ellas, la relativa a Thematica, con el ‘yonki del dinero’ como principal acusado.
En las piezas que se juzgan ahora, la B y la F, se ha investigado contrataciones presuntamente irregulares en las empresas públicas Imelsa y Ciegsa, Rus se enfrenta a una pena de 12 años de prisión y Rubio –también investigado en el conocido como caso Azud– a oros seis, según se desprende de la calificación provisional del ministerio fiscal.
Fiscalía atribuye a Rus los delitos de pertenencia a organización criminal, un delito continuado de malversación de caudales públicos, de prevaricación administrativa y de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público. Así mismo, a Rubio le acusa de un delito continuado de malversación de caudales públicos, de falsedad en documento oficial y un delito continuado de prevaricación administrativa.
Para el ex secretario autonómico de Educación Máximo Caturla y el exjefe de gabiente de Rus, Emilio Llopis, reclama la misma pena que para el expresidente de la Diputación por idénticos delitos, además de multa e inhabilitación.
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