CASTELLÓ, 11 (EUROPA PRESS)-
Las organizaciones medioambiental Adensva, CABS, Gecen-GER Ecologistes en Acció SOS Vencejos y la Societat Valenciana d’Ortitologia (SVO) han pedido parar un estudio científico sobre la migración de aves fringílidas que, bajo la tutela del profesor universitario de la UPV y el aval legal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), “supone la extracción de aves del medio natural que Europa prohíbe”.
Dichas asociaciones señalan que un video de la investigación del ‘Grupo de Investigación para la Naturaleza’, que está circulando en la redes sociales, muestra a los silvestristas científicos “jactarse del uso de los enfilats científicos mediante los cuales la principal actividad que realizan es la caza furtiva ilegal de especies protegidas por la legislación autonómica, estatal y europea”.
Las organizaciones medioambientales, en su esfuerzo por proteger y preservar la rica biodiversidad de la Comunitat Valenciana y en aplicación de la legalidad vigente, han pedido que las autoridades competentes detengan “de inmediato” el proyecto de estudio sobre la migración de fringílidos que los jueces del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana han aprobado, “sin tener en cuenta los riesgos concretos de sustracción de aves silvestres del Medio Ambiente que el vídeo demuestra”.
Según los ecologistas, este estudio, presentado bajo el manto de la ciencia ciudadana, “está siendo instrumentalizado para servir a intereses privados”. “Su autor, conocido por su previa vinculación a la ‘ciencia’ del ilegal parany científico y por investigaciones cuestionables sobre la inocuidad de la munición de plomo en humedales, ahora utiliza la ciencia como una herramienta que todo apunta que encubre una agenda oculta”, han añadido.
“En lugar de aportar conocimientos valiosos al campo de la ornitología, este estudio parece estar diseñado para desviar la atención de la cruda realidad: miles de anillas abiertas, utilizadas hasta que se prohibió el silvestrismo en 2018, continúan en manos de furtivos siendo una fuente potencial de blanqueo de aves silvestres, permitiendo la legalización de capturas ilegales”, han apuntado la organizaciones medioambientales.
Según han explicado, en las grabaciones del vídeo y los audios, “se observa claramente cómo los silvestristas que participan en el supuesto estudio científico interactúan de manera sospechosa”. “En estas evidencias visuales y sonoras, se aprecia que algunas de las aves que supuestamente deberían liberar, se quedan retenidas ilegalmente y, posteriormente, son ‘legalizadas’ con las anillas abiertas que los silvestristas conservan de temporadas anteriores (hasta 2017), cuando el silvestrismo estaba permitido”, han apuntado.
Además, -según estas organizaciones- “mantienen conversaciones sobre métodos de caza prohibidos, como el parany o el empleo de redes japonesas. Estas conversaciones sugieren un conocimiento o incluso una posible implicación en una red de furtivismo, lo cual es profundamente alarmante”.
El vídeo en cuestión -han señalado- solo muestra dos puntos de estudio científico durante un día de caza, “lo que plantea una pregunta crucial: qué sucedió a lo largo de los meses en los otros 20 puntos de estudio que fueron autorizados”. “Esta incógnita aumenta nuestras preocupaciones sobre la integridad de este estudio científico y la legalidad de sus actividades”, han añadido.
Las asociaciones han señalado que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana aprobó este estudio “sin considerar adecuadamente el aspecto de las anillas abiertas, permitiendo así un peligroso vacío legal que socava los esfuerzos de conservación y protección de las aves silvestres”.
Por tanto, -han destacado- “es imprescindible detener este estudio antes que la migración empiece en otoño”.
Las asociaciones han anunciado que van a interponer una denuncia ante la Unión Europea por incumplimiento de la Directiva de Aves contra estas autorizaciones, y han recordado que ya Malta quiso volver a permitir el silvestrismo bajo el amparo de estudios científicos y que se ha abierto proceso judicial por infracción comunitaria en el Tribunal de Justicia Europeo.
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