CASTELLÓ, 25 (EUROPA PRESS)-
La sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a dos años y 11 meses de prisión a dos guardias civiles por participar en una descarga de 2.000 kilos de hachís en el puerto de Borriana (Castellón).
La Sala ha condenado a los dos agentes como autores de un delito contra la salud pública agravado por ser cantidad de notoria importancia y por ser ambos funcionarios de la Guardia Civil en ejercicio de sus funciones. La sentencia, que establece la concurrencia de la atentuante de la responsabilidad penal muy cualificada de dilaciones indebidas, fija inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión para los condenados y les impone una multa de 3 millones de euros.
Además han sido condenados como autores de un delito de integración en un grupo criminal a dos meses de prisión, que se sustituye por prestación de 30 días de jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad.
Así mismo, la sentencia condena a seis personas más también como autores de un delito contra la salud pública agravado -a la pena de dos años de prisión y a una multa de 2 millones de euros a cinco de ellos y a una pena de 1 año y seis meses de cárcel y una multa de 1.800.000 euros al sexto-; y como autores de integración en un grupo criminal. La Sala absuelve a un noveno procesado.
HECHOS PROBADOS
La sentencia establece como hechos probados que tres de los procesados, previo concierto y puestos de común acuerdo, idearon en fechas previas al 17 de junio de 2015 un plan cuyo objeto era la adquisición para su ulterior distribución entre terceros de una importante partida de hachís, que pretendían introducir a través del Puerto de Borriana.
Para dicho fin, los tres acusados buscaron el auxilio de terceras personas, quienes participarían en la actuación, bien personalmente, bien proporcionando los medios materiales necesarios para así facilitar la comisión del hecho y dificultar su posible investigación.
Por último, el grupo contaba también con la ayuda de los dos guardias civiles procesados, integrantes ambos de la Patrulla Fiscal y Fronteras (PAFIT) de la Compañía de Borriana, quienes, prevaliéndose del acceso que tenían a las distintas zonas del puerto, debían garantizar el correcto desembarco de los fardos de hachís para proceder a su ulterior distribución.
Para cumplir con el designio fijado, uno de los procesados adquirió diversos terminales móviles, así como varias tarjetas SIM para ser utilizados únicamente por los participantes en el negocio ilícito y durante los días previos y posteriores al alijo, los cuales fueron entregados por el encargado del negocio y también procesado.
El día fijado para la ejecución del plan, que era el 17 de junio, uno de los procesados, entre las 05.30 y las 06.00 horas, se dirigió al Puerto de Borriana, lugar donde tenía atracada una embarcación pesquera de la que él es administrador único, mientras que de manera paralela y en una zona próxima al Puerto se llevó a efecto una reunión entre tres de los procesados y otra persona que no ha podido ser identificada y se dirigieron los cuatro, a bordo de un turismo, a las inmediaciones del lugar donde se encontraba amarrada la embarcación.
Sobre las 08.30 horas del mismo día, uno de los procesados y la persona que no ha podido ser identificada, a bordo de la embarcación, iniciaron el trayecto hasta el lugar donde se produjo la descarga de los fardos de hachís desde otra embarcación y, una vez efectuada la descarga, iniciaron el viaje de vuelta a Borriana.
Sobre las 00.00 horas del día 18 de junio de 2015, y para garantizar que la entrada de la embarcación se produjera sin injerencias de terceros, los agentes de la Guardia Civil procesados se dirigieron a la zona del Puerto para controlar que todo acontecía conforme a lo previsto.
La sentencia indica que la operación de narcotráfico con destino al Puerto de Borriana no era posible sin contar con el apoyo de los referidos agentes, “que eran conocedores de los avatares de la zona por medio de las comunicaciones de la radio-patrulla, lo que les permitía dotar de seguridad al trasporte de la droga”.
No obstante el desembarco de los fardos de hachís no se pudo llevar a efecto conforme al plan preestablecido, ya que la embarcación fue perseguida durante dos horas previas a la entrada al Puerto de Borriana por otra embarcación, cuyo patrón pretendía comprobar la carga del pesquero, por lo que uno de los procesados y el no identificado dejaron atracada la embarcación sin desembarcar los fardos de hachís y se encontraron con ambos agentes.
Asimismo, los dos agentes de la Guardia Civil realizaron numerosas maniobras tendentes a dificultar la localización exacta de la embarcación con el cargamento de hachís por parte de otras patrullas de la Guardia Civil, que habían sido alertadas de la entrada de la nave a Puerto, localizándose finalmente la embarcación sobre las 02.41 horas con todos los fardos de hachís en su cubierta.
Los 70 fardos de hachís arrojaron un peso neto de 2.020.414 gramos, con un principio activo del 13,5 por ciento, teniendo el total de la sustancia un valor en el mercado ilícito de 3.324.756,1 euros.
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