ALICANTE, 8 (EUROPA PRESS)
Compromís en el Ayuntamiento de Alicante pedirá “responsabilidades políticas” al alcalde, Luis Barcala, y a los concejales de Urbanismo y Seguridad, Rocío Gómez y Julio Calero, después de que la Guardia Civil haya investigado a 14 hombres, seis mujeres y un persona jurídica por delitos sobre ordenación del territorio y urbanísticos relativos a construcciones ilegales en suelo protegido de Alicante, así como contra los derechos de los trabajadores.
Así lo anuncia el portavoz municipal de la coalición, Rafa Mas, tras conocerse esta operación del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona), que se inició tras detectar la parcelación y construcción en una finca rústica del término municipal de Alicante, ubicada en una zona protegida e inundable donde no está permitida la edificación, de la que ha informado este miércoles el instituto armado.
Durante las primeras actuaciones, los agentes determinaron que la parcela, de unos 11.000 metros cuadrados, había sido dividida en 12 subparcelas. También se detectó la instalación ilegal de un sistema de suministro de agua no potable sin la correspondiente licencia urbanística.
Las pesquisas revelaron que la finca había sido adquirida por una mercantil creada específicamente para su compra y posterior venta en participaciones a varios compradores. Estos contratos privados encubrían la asignación de subparcelas a cada adquirente, que “conocían plenamente la ilegalidad de la parcelación y la imposibilidad de construir legalmente en ellas”.
En un comunicado, el portavoz de Compromís denuncia que “una vez más, la sombra de la corrupción urbanística salpica el Ayuntamiento de Alicante y, una vez más, bajo el mandato del Partido Popular”.
Ante esta situación, “al igual que hacen los vecinos”, acusa al equipo de gobierno de Barcala “de inacción, de no haber actuado con diligencia”. “Si tienen denuncias durante meses, ¿por qué no han actuado ante decenas de denuncias de vecinos que denunciaban estas especulación masiva que sufren las partidas rurales, con asentamientos ilegales en zonas inundables?”, se pregunta.
Todo ello, subraya, “con lo peligroso que es, que ha debido intervenir la Guardia Civil y tomar las riendas del asunto ante la magnitud de este caso de presunta corrupción urbanística”.
Mas afirma que “Compromís lo tuvo claro” y, como no se “fía” del Ayuntamiento, preguntó al respecto al Ministerio para la Transición Ecológica, a través de una serie de preguntas parlamentarias del senador Enric Morera.
“Vamos a pedir responsabilidades políticas tanto a Luis Barcala como a la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, y al responsable de Seguridad, Julio Calero, porque es presidente de la junta de distrito de las partidas y durante meses conocía esta situación y tampoco ha movido un dedo”, expone, y avanza que pedirán la convocatoria de una junta extraordinaria de las partidas rurales, la junta de distrito 5.
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