Propone que comparezcan los 29 organismos convocados en el Cecopi el 29O y una treintena de alcaldes afectados
VALÈNCIA, 18 (EUROPA PRESS)
Compromís ha solicitado que comparezcan en la comisión de investigación sobre la dana en el Senado representantes autonómicos y estatales como el ‘president’ de la Generalitat, Carlos Mazón; las dos exconselleras que dejaron su puesto tras la catástrofe, Salomé Pradas y Nuria Montes; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la entonces responsable de Transición Ecológica, Teresa Ribera.
Además, la coalición valencianista ha propuesto llamar a comparecer a “los 29 representantes de organismos convocados al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) celebrado en la tarde-noche del 29 de octubre por Salomé Pradas, o las personas físicas que fueran convocadas, según la relación que consta en el documento remitido por la Generalitat al Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja”.
Otros comparecientes solicitados por Compromís son el presidente de la Asociación de Damnificados por la dana en l’Horta Sud, Christian Lasaec; el representante legal de la Asociación de Victimas de la dana de 29 de octubre con sede en Catarroja y los alcaldes de alrededor de 30 municipios afectados: València, Paiporta, Catarroja, Algemesí, Aldaia, Alfafar, Benetússer, Sedaví, Massanassa, Picanya, Riba-roja de Túria, Alaquàs, Albal, L’Alcúdia, Chiva, Torrent, Beniparrell, Guadassuar, Montserrat, Xirivella, Quart de Poblet, Utiel, Cheste, Turís, Alginet, Godelleta y Alzira.
En el marco de la comisión de investigación, la coalición quiere “explicaciones directas de Feijóo sobre qué información manejaba y si avaló la inacción de Mazón”. También que Sánchez, Marlaska y Ribera esclarezcan “por qué, a pesar de las evidencias meteorológicas y los datos que ahora se conocen que estaban en su poder, el Gobierno central no activó una situación de preemergencia adecuada”.
En un comunicado, el senador Enric Morera denuncia que la falta de activación de la alerta masiva durante la dana “no fue un error técnico, sino una decisión política deliberada de Mazón, influido por su dependencia del gobierno de coalición con Vox y avalado por el líder del Partido Popular”. “Esta irresponsabilidad costó 224 vidas en la provincia de Valencia y generó daños materiales superiores a los 30.000 millones de euros”, asevera.
Morera sostiene que la negativa a emitir una alerta inmediata y la falta de medidas de confinamiento fueron “decisiones políticas que priorizaron la economía sobre la seguridad de la ciudadanía”. “Esta misma actitud negacionista fue defendida por Vox y el PP durante la pandemia, cuando cuestionaron las medidas de confinamiento para proteger a la población”, recuerda.
Por contra, defiende que “con la información que se tenía en el momento, la población debió ser alertada y protegida, como ocurre en Estados Unidos ante tornados o en otros lugares con fenómenos meteorológicos”. Considera así “insultante” que desde el Consell “digan que no podían comunicarse, que no se localizaban”, cuando “jugaron a huir de tomar decisiones, unos y otros, y esa falta de diligencia tuvo grandes costes humanos y materiales que merecen una sanción política”.
Y subraya: “La gravedad de esta investigación se ve reforzada por la reciente revelación de la Conselleria de Emergencias ante la jueza que instruye la causa, donde se reconoce que Pradas fue la única mencionada como responsable en el Cecopi del 29 de octubre. Sin embargo, la jueza ha requerido al Consell que aclare si Mazón participó en las decisiones clave, ya que su nombre no figuraba en la lista oficial. La magistrada pretende determinar quién ordenó el envío de la alerta masiva a las 20:11, más de tres horas después de la convocatoria del Cecopi, cuando la catástrofe ya se había desatado”.
EJES: “NEGLIGENCIA, GESTIÓN CRIMINAL Y DESAMPARO”
El plan de trabajo de Compromís estructura la investigación en tres ejes principales. En primer lugar, “la negligencia en la prevención y planificación, evaluando los sistemas de alerta y los planes de emergencia ignorados por el Consell. Seguidamente, la “gestión criminal de la emergencia, analizando el retraso en el despliegue de los recursos y la falta de coordinación entre administraciones. Por último, el “desamparo a los damnificados”, examinando “la falta de ayudas eficaces y la reconstrucción tardía de las zonas afectadas”.
Desde la coalición exigen la entrega de todos los informes y documentación elaborada por los organismos que participaron en la gestión de la crisis. En caso de detectarse indicios de responsabilidad penal, trasladarán las conclusiones al Fiscalía para que actúe en consecuencia.
Paralelamente, ven necesario que en la comisión comparezcan especialistas en climatología, urbanismo y ecología que puedan aportar información técnica sobre la relación entre la dana y la degradación ambiental, con el objetivo de que “nunca más se repita una negligencia tan grave”: “El negacionismo y la inacción institucional no pueden seguir costando vidas en un contexto donde las emergencias climáticas son cada vez más frecuentes y devastadoras”.
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