VALÈNCIA, 8 (EUROPA PRESS)
El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de València ha denunciado un recorte del 4% en el personal encargado de prestar servicios públicos, con la pérdida de 135 puestos de trabajo durante el año 2024, lo que según la formación “empeora la atención ciudadana y el funcionamiento de la administración”.
Compromís ha expuesto que el Ayuntamiento ha cerrado el año 2024 con un total de 5.334 puestos de trabajo ocupados, de los cuales 1.699 corresponden a la Policía Local y 435 al cuerpo de Bomberos. Las 3.200 personas restantes se dedican a tareas de administración pública y atención a la ciudadanía, lo que supone un 4% menos que el año anterior.
Entre estos profesionales se encuentran maestros de escuelas municipales, trabajadores de los servicios sociales, arquitectos, inspectores de sanidad y personal encargado de supervisar la apertura de actividades económicas o apartamentos turísticos, ha explicado en un comunicado.
Esta cifra contrasta con los datos de 2023, cuando el Ayuntamiento contaba con 5.321 puestos ocupados, de los cuales 1.535 pertenecían a la Policía Local y 451 al cuerpo de Bomberos, dejando a 3.335 personas dedicadas al funcionamiento diario de la administración municipal, ha destacado Compromís.
Según el concejal de Compromís Ferran Puchades, “llama la atención que el número de vacantes sin cubrir haya aumentado en servicios fundamentales para el desarrollo económico de la ciudad, como el Servicio de Inspección Municipal (43% más de vacantes), el Servicio de Obras (71%), el Servicio de Licencias Urbanísticas (39%) o el Servicio de Licencias de Actividades (38%)”.
El concejal ha denunciado que “estos servicios, clave para garantizar la seguridad jurídica y el cumplimiento de la normativa en la actividad económica, se están quedando sin personal debido a la pasividad del gobierno municipal, que no cubre las bajas ni las vacantes generadas por traslados de personal”.
Además, Puchades ha señalado una estrategia clara por parte del gobierno de María José Catalá: “Los gobiernos de derechas siempre han visto la administración pública y los servicios a la ciudadanía como un obstáculo para sus políticas de desregulación y eliminación de controles legales. Por ello, sistemáticamente han impulsado medidas para debilitar la administración y reducir los mecanismos de control”.
Finalmente, Puchades ha concluido: “El Partido Popular siempre ha optado por una administración reducida, con menos efectivos, desmotivada y sobrecargada de trabajo por la falta de cobertura del personal necesario. Esto pone en riesgo la calidad de los servicios públicos e impide una gestión moderna, eficiente y cercana a la ciudadanía”.
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