Los empresarios denuncian que la infrafinanciación autonómica “agrava” este perjuicio y exigen un cambio de modelo de financiación
ALICANTE, 19 (EUROPA PRESS)
La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), la Cámara de Comercio de Alicante y del Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca), han acudido este miércoles a Madrid para denunciar la inversión pública estatal en la provincia y reclamar que los PGE de 2023 reviertan la “grave discriminación” y la “desigualdad territorial” que sufre Alicante desde hace 15 años.
Tanto el presidente de la CEV, Salvador Navarro, el de CEV Alicante, Joaquín Pérez, el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño y el presidente de Ineca, Nacho Amirola, han comparecido para presentar sus reclamaciones a nivel nacional, como parte del plan de acción consensuado entre las tres organizaciones que apela a la unidad de la sociedad para cambiar el proyecto de presupuestos, informan un comunicado conjunto.
Según han explicado, las inversiones en la provincia de Alicante se han ido reduciendo desde los PGE de 2018, cuando alcanzaron un valor de 579’3 millones. Sin embargo, para el próximo año solo hay inversiones previstas de 160,8 millones.
De hecho, se ha puesto sobre la mesa que Alicante tiene un déficit acumulado de 3.539 millones de los PGE desde 2018 al no recibir las inversiones acordes a la población, cifra a la que cabe sumar 300 millones para 2023. “Así, cada alicantino recibirá el próximo año en inversiones 85’48 euros, 198’24 euros menos de lo que recibirá de media un ciudadano residente en otra provincia de España”, han subrayado.
Por su parte, Amirola ha denunciado que “a pesar de aumentar la cuantía de los PGE 2023 en un 3,3%, la inversión que recibirá la provincia será, si nada lo remedia, de un 12,3% menos que en 2022. Solo en los últimos tres años ha habido un recorte del 36,8%, ha expuesto.
“DOBLE INFRAFINANCIACIÓN”
“Además, sufrimos una doble infrafinanciación. La primera, con una nimia inversión. La segunda, con la ejecución, ya que se invierte realmente un 42% de los que se ha presupuestado. Es tristemente lamentable que los presupuestos, encima de ser bajos, no se ejecuten ni en la mitad”, ha agregado.
Asimismo, ha lamentado la “grave dificultad” que supone “la falta de información para poder realizar un adecuado seguimiento de las inversiones realmente ejecutadas por cada partida”. “Las administraciones públicas, estatales y autonómicas nos reportan documentos con los que no se puede trabajar y cuyo seguimiento y control se convierte en una tarea titánica, con falta de detalle y absoluta falta de transparencia”, ha añadido.
En la misma línea, Baño ha remarcado que “este Gobierno ha elaborado el peor presupuesto de la historia para la provincia de Alicante” y ha aseverado que la Generalitat “es corresponsable, porque no puede consentir que nos lleguen unos presupuestos como estos”.
“Ante esta situación no tenemos más remedio que decir ‘se acabó’ y queremos movilizar a toda la sociedad alicantina, también a los partidos políticos, para expresar nuestro malestar y reclamar lo que nos corresponde”, ha dicho.
Para Pérez, Alicante es “la provincia peor tratada de este país en cuanto a inversión pública estatal” y ha advertido que “esto tiene un alto riesgo de fracción y de desigualdad territorial”. Por ello, ha exigido “una respuesta urgente de los diputados y senadores que hemos elegido en Alicante” y que el Gobierno estatal “respete el criterio de igualdad entre ciudadanos”.
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
Por último, Navarro se ha referido a la financiación autonómica como “agravante” a la situación que vive la provincia de Alicante y ha reclamado la reforma del modelo de financiación que “sigue atascada”, ha asegurado.
Además, ha detallado, en este sentido, que “hace casi un lustro se entregó una propuesta de cambio por parte del grupo de expertos creado al efecto y, a pesar de las diferentes movilizaciones y los cambios de Gobierno, sigue pendiente la propuesta sobre el cálculo de financiación autonómica anunciada para el pasado septiembre por parte de la Ministra de Hacienda”.
En 2023, cada valenciana y valenciano recibirá 360 euros menos que la media estatal y 1.156 euros menos que la autonomía mejor financiada. “Estas diferencias son la causa fundamental de nuestros mayores déficits presupuestarios”, ha asegurado Navarro, quien ha exigido a los partidos políticos en el Congreso de los Diputados “que colaboren, que sean responsables y que se impliquen para que el cambio de modelo sea una realidad y sea justo”.
Para ello, ha incidido, el nuevo sistema de financiación debe utilizar sólo el criterio básico de población ajustada para cada uno de los bloques de servicios públicos y los criterios básicos para el cálculo deben basarse en criterios estrictamente técnicos.
WEB PARA UNIRSE A LA CAUSA
Durante la rueda de presenta los representantes de las tres organizaciones han presentado la página web www.alicantemerecemas.com al objeto de que la sociedad civil se una a esta causa y se sume al manifiesto “En defensa del bienestar social de la ciudadanía de la provincia de Alicante” en el que se argumenta el rechazo al Proyecto de Ley de Presupuestos por ser absolutamente contrario a los intereses y al futuro de Alicante.
Junto al manifiesto se han programado una serie de acciones entre las que se encuentra la celebración de una concentración frente a la subdelegación de Gobierno en Alicante y se reclamará el cumplimiento de la Ley de Transparencia con respecto a la ejecución de las partidas presupuestarias y la forma en la que se ofrecen los datos.
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