Niegan que la reducción de jornada vaya a tener efectos negativos en la economía
VALÈNCIA, 27 (EUROPA PRESS)
El secretario general de UGT PV, Ismael Sáez, ha lamentado que el acceso a la vivienda ha adquirido “tintes dramáticos” y alimenta la “desafección a la política y a la democracia”, mientras que la secretaria general de CCOO PV, Ana García, cree que “si no se ponen medidas, puede acabar muy mal” y los gobiernos tienen que “intervenir el mercado”.
Así lo han señalado durante el desayuno informativo de ‘Fórum Europa. Tribuna Mediterránea’, en el que han analizado la situación económica de la Comunitat Valenciana y han abordado cuestiones como la dana, la vivienda, la reducción de la jornada laboral y la subida del SMI. Han asistido, entre otros, la vicepresidenta del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero; el conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, y el presidente de la CEV, Salvador Navarro.
Sobre la problemática de la vivienda, Ana García ha advertido que, “si no se ponen medidas, puede acabar muy mal”. Ha expuesto que el número de viviendas turísticas con licencia en la Comunitat Valendiana es de 59.413, en un momento en el que el incremento medio del precio de compra de la vivienda en 2024 en España ha sido del 8,4% y en la Comunitat Valenciana del 19%. Ha añadido que en 2023 se produjeron 3.869 desahucios en viviendas de alquiler.
Frente a este escenario, la responsable de CCOO PV ha defendido que “los distintos gobiernos en sus competencias tienen que intervenir el mercado” y que “los precios no van a bajar por construir más”.
García ha criticado la no aplicación de la Ley de Vivienda por parte del Consell y ha reclamado partidas específicas de vivienda en los presupuestos de la Generalitat para actuaciones a corto, a medio y a largo plazo. Ha pedido una ampliación del parque público, que incluya el uso del medio millón de viviendas vacías en la Comunitat, limitar los precios del alquiler, poner fin a los desahucios sin alternativa habitacional, ayudas estructurales de acceso sobre todo para la juventud, limitar viviendas turísticas e incorporar la calificación permanente de vivienda protegida.
Por su lado, Ismael Sáez ha lamentado que el acceso a la vivienda ha sido un problema “siempre” pero ahora ha adquirido “tintes dramáticos” y aumenta la “desafección a la política y a la democracia”. A su juicio, “es aprovechado por determinados partidos políticos que pretenden desestabilizar”.
Sáez ha defendido que “hay que actuar sobre la oferta y demanda”. Cree que “hace falta construir más”, impulsar la protección pública, “poner coto” a los pisos turísticos o encarecerlos, “conseguir que los arrendadores tengan más confianza respecto a posibles impagos de los arrendatarios”, ayudas a la emancipación y facilitar el acceso a crédito “barato” para la compra.
El responsable de UGT ha puesto el foco en que “estamos haciendo enormes esfuerzos por elevar el salario mínimo interprofesional hasta el 60% del salario medio, poniendo en marcha una serie de ayudas de carácter social, hemos conseguido cifras récord en empleo, y sin embargo, casi todo eso se va por el sumidero del alquiler o del acceso a la vivienda”.
REDUCCIÓN DE JORNADA Y SMI
Sobre la reducción de jornada laboral, Ismael Sáez ha señalado que aunque “el coste salarial puede producir problemas de competitividad” a empresas que compiten en el exterior, éstas ya tienen acordadas jornadas muy cercanas a las 37,5 horas, por lo que no habrá “impacto en la competitividad que sea reseñable”.
Ha subrayado la importancia acordar la medida con la patronal aplicando “cierta flexibilidad”. “Yo creo que tiene más valor conseguir las 37,5 horas dentro de dos o tres años que imponerlas hoy”, ha dicho. También ha negado que la subida del SMI al 60% del salario medio suponga perjucios económicos.
En cambio, Ana García ha señalado sobre la reducción de jornada que “llevamos once meses con esto, se han puesto muchas cosas encima de la mesa” y no ha habido posibilidad de acuerdo, por lo que “tocaba dar pasos”.
En cuanto a la situación de la Comunitat Valenciana, tanto García como Sáez han apuntado al tamaño de las empresas que dificulta la innovación y han señalado la necesidad de invertir en la misma. García se ha referido a problemáticas como el déficit de infraestructuras, y en concreto ha hecho referencia al Corredor Mediterráneo y Cantábrico.
También ha reivindicado un nuevo modelo de financiación autonómica acompañado de “una reforma fiscal en profundidad” y “corresponsabilidad fiscal”.
Asimismo, ha pedido políticas de empleo “fuertes”, fondos para formación, un refuerzo del sector industrial y que “vuelvan a reducirse” las listas de espera de la dependencia, que “han crecido en términos insostenibles”.
Sáez ha añadido que su sindicato tenía “bastante esperanza en la Agencia Valenciana de Innovación (AVI)” y que espera que se mantenga su impulso a la innovación. También ha mostrado la preocupación por la falta de oportunidades del talento que se forma en las universidades y después abandona la Comunitat en busca de mejores empleos.
“No somos capaces de ejercer nuestro poder político y nuestra influencia en Madrid para el gobierno de España, para conseguir las infraestructuras que son imprescindibles, como era la ampliación del puerto de Valencia, que nosotros hemos defendido desde el principio, o una buena red de carreteras que haga posible que nuestros productos lleguen a donde tienen que llegar, o las importaciones y los insumos lleguen a las empresas como tienen que llegar, con el menor coste posible”, ha señalado Sáez.
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