En su balance del año, critica la ley de simplificación, la política de vivienda y avisa de los “muchos retos que quedan por delante”
VALÈNCIA, 26 (EUROPA PRESS)
El sindicato CCOO PV ha reclamado al Consell liderado por Carlos Mazón un “cambio de rumbo” en su agenda normativa, “marcada por una desregulación en cuestiones clave” como los servicios públicos, la vivienda o ante la emergencia climática, “como si no hubieran aprendido nada de la catástrofe de la dana” del 29 de octubre.
La secretaria general de la organización sindical en la Comunitat Valenciana, Ana García, ha hecho balance de este 2024, un año en que el gobierno de Mazón, ha lamentado, “no oculta su hoja de ruta neoliberal y regresiva” con, por ejemplo, la “reducción de impuestos a las rentas más altas” y los “incumplimientos de los acuerdos de la negociación colectiva, ni siquiera tras la ruptura” con Vox.
CCOO PV cita como “ejemplos destacables” la “ley estrella” de simplificación administrativa, “que modifica diversas normas esenciales del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales y posibilita emplazamientos hoteleros en suelos no urbanizables del litoral a una distancia de 200 metros”, o las enmiendas a la ley valenciana de cambio climático y transición ecológica, “que han cambiado objetivos o plazos de consecución”.
También critica el decreto de urgencia para “suprimir los impuestos ambientales que han de sufragar el fondo para una transición ecológica justa”. Sobre la ley Simplifica, censura que “limita los mecanismos de participación de la sociedad civil en la evaluación y control de las políticas públicas”.
Para CCOO PV, otro ejemplo “paradigmático” es el anteproyecto de ley de ordenación de la costa, “que reduce el grado de protección del territorio, con una rebaja al 50 por ciento en las sanciones con respecto al resto de normativa urbanística, además de priorizar la actividad económica por encima de todo”.
VIVIENDA
En cuanto a la situación de la vivienda, “otro de los principales retos que tenemos como sociedad”, CCOO PV ha cuestionado que el Consell haya modificado la normativa para introducir una desclasificación temprana de la protección oficial, “echando a la basura todo el esfuerzo de la sociedad valenciana por invertir en recursos públicos con el objetivo de mejorar el acceso a la vivienda con precios asequibles”.
Ante esta situación, la secretaria general del sindicato ha reclamado que se aplique la calificación permanente, además de la declaración de las zonas tensionadas, con el objetivo de “garantizar que la vivienda sea un derecho y no un bien de mercado”.
En este punto, García ha hecho hincapié en el rechazo del sindicato a las cinco primeras leyes del Consell, “cuando PP y Vox todavía eran socios y compartían las motivaciones ideológicas para frenar el progreso y los avances sociales” en la Comunitat Valenciana.
Especialmente, ha cargado contra la llamada ley de libertad educativa, que “nació con la clara finalidad de arrinconar el valenciano y de enfrentar a la comunidad educativa y a la ciudadanía en el uso de la lengua”, y la de concordia, cuya pretensión es “condenar al olvido la memoria de las víctimas del franquismo y banalizar el derecho de reparación”.
“Las otras modificaciones legislativas que han contribuido a empobrecer nuestra democracia”, ha considerado García, que ha apuntado a la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana, a la Agencia Antifraude y a la ley de transparencia y buen gobierno.
“IMPORTANTES DÉFICITS” TRAS LA DANA
Por otro lado, sobre la dana, “dos meses después del fallecimiento de 224 personas y de las tres desaparecidas por la nefasta gestión” de la emergencia, CCOO PV ha advertido de que sigue detectando “importantes déficits” en cuanto a infraestructuras en carreteras dependientes de la Generalitat, limpieza de calles y garajes, transporte público o la atención a las personas, especialmente a las que tienen problemas de salud.
Por el contrario, ha destacado que “por fin” se haya recogido la propuesta del sindicato de complementar la prestación a las personas en ERTE por fuerza mayor, con el establecimiento de un pago único de 360 euros. Al respecto, Ana García ha detallado que se ha fijado para el mes de marzo la realización de un seguimiento para valorar “la posibilidad de realizar un segundo pago si la situación se alarga”.
Por todo ello, Ana García ha subrayado que quedan “muchos retos por delante para desarrollar en el ámbito del diálogo social, empezando por la transformación del modelo productivo que genere empleo inclusivo, sostenido y sostenible, en un momento en el que la economía valenciana se va a resentir”.
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