VALÈNCIA, 19 (EUROPA PRESS)
La consellera de Justicia e Interior, Gabriela Bravo, ha asegurado que el “informe definitivo” del responsable de los bomberos al frente de la dirección de incendio de Bejís (Castellón), con el que se encontró un tren donde hubo varios heridos, revela que no hubo ni fallos de comunicación ni “actuaciones imprudentes” por parte del Centro de Coordinación de Emergencias.
“No he escondido nada en ningún momento”, ha recalcado al diputado del PP Miguel Barrachina en el pleno de Les Corts, en una interpelación sobre el incidente de agosto en el que varios pasajeros de un tren que cubría la línea València-Zaragoza resultaron heridos tras abandonar el convoy por su proximidad al incendio de Bejís, algo que está bajo investigación judicial.
El ‘popular’ ha acusado a Bravo (PSPV) de mentir y utilizar datos de forma sesgada cuando dijo que no habían recibido un aviso del peligro por la proximidad al incendio, algo que ha achacado a que los técnicos de emergencias llevan “años sin hacer guardias por los impagos” cuando ha recordado que la Generalitat se comprometió a aprobar la retribución antes de junio: “No pudieron interpretar unos mensajes que sí llegaron y nadie fue capaz de canalizar”.
En su respuesta, la consellera ha reprochado al PP que “siga mintiendo y manipulando la información para intentar sacar rentabilidad política de todas las desgracias”, ya que según ella había técnicos de emergencias “hasta las nueve de la noche” y “en ningún momento” hubo alertas que se comunicaran y no se ejecutaran.
Es algo que ha asegurado que recoge el “informe definitivo” del responsable del Consorcio Provincial de Bomberos que estaba ese día al frente de la dirección del incendio de Bejís, cuando se tomaron decisiones “en un momento tremendamente complejo con una tormenta de fuego inaudita”.
De acuerdo a su versión, el Centro de Coordinación de Emergencias informó a las 13.30 horas que no se preveía “de forma inminente” la evacuación de Bejís, tras lo que a las 14.40 se desató fuego con gran velocidad de propagación y vientos erráticos que “superan la capacidad de extinción” por lo que cinco minutos después se ordenó la evacuación del pueblo.
“LAS ÓRDENES NO LAS DABA LA CONSELLERA”
Bravo ha hecho hincapié en que esta decisión partió del director del puesto de mando avanzado (PMA), “al que le corresponde” según el plan de extinción de incendios: “Las órdenes no las daba la consellera, sino el profesional que conoce los riesgos sobre el terreno”.
Seguidamente, según ella, el informe recoge que a las 15.30 se acordó la evacuación de Torás, a las 16.15 el nuevo emplazamiento del puesto de mando, a las 18.00 la evacuación de Teresa y la comunicación de la Guardia Civil de que el convoy estaba “atrapado”. “El director del puesto de mando se desplazó al lugar de los hechos y llamó al 112 con el fin de solicitar el helicóptero medicalizado para evacuar a una persona que presentaba mayor realidad”, ha apuntado, insistiendo en que fue él quien ordenó la actuación de Urgencias.
“Todas las decisiones están en el informe”, ha recalcado, con lo que ha negado la posibilidad de un fallo de comunicación por parte de Emergencias. Además, se ha mostrado “absolutamente defraudada” con la síndica del PP, Mª José Catalá, cuando afirmó en el Debate de Política General que había un aviso de las llamas, ya que ha reiterado la versión de su departamento de que era la alerta de una bombona de propano cercana a una estación en desuso.
EL PP DICE QUE BRAVO OBLIGA A UN BOMBERO A “INMOLARSE”
Tras oír esta versión, el ‘popular’ ha acusado a la consellera de encargar un informe en el que “sale un hombre a inmolarse”, cuando ha recordado que ella dijo en junio que la competencia de extinción de incendios era “al cien por cien” su responsabilidad. “Cómo ha cambiado el cuento”, ha dicho, y le ha instado a aplicarse lo que dijo sobre Mónica Oltra de “aporta o aparta”.
“Se cree el ladrón que todos son de su condición”, ha respondido Bravo, negando que haya “presionado a nadie” para emitir un informe. Por contra, ha sostenido que es algo que el PP hacía cuando gobernaba, “presionar a la justicia para evitar condenas”, y ha rematado su contrarréplica mostrando una foto del exdelegado del Gobierno Serafín Castellano –para quien Anticorrupción pide 21 años de cárcel por amañar contratos de extinción de incendios en el ‘cártel del fuego’– en una cacería.
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