La consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, ha presidido una reunión con todos los operadores jurídicos de València para coordinar la asistencia jurídica y legal a la que tienen derecho las 629 personas náufragas norteafricanas que están a bordo del buque Aquarius, que llegarán al puerto de Valencia después que las autoridades italianas se hayan negado a facilitarles refugio en sus puertos.
A la reunión, que se ha celebrado en la sede de la Conselleria de Justicia han asistido la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la CV, Pilar de la Oliva, el decano de los jueces de Valencia, Pedro Viguer, la directora del Instituto de Medicina Legal, Elvira Garrido, la jefa de la Fiscalía de Menores del TSJ, Consuelo Benavent, Esther Sanchis y Rebeca Lino, de la sección de Extranjería del Colegio de Abogados de Valencia, y representantes de las consellerias de Igualdad y Sanidad.
La consellera ha recordado que, entre los 629 refugiados del Aquarius, hay 123 menores extranjeros no acompañados, así como otros once niños y siete mujeres embarazadas. Estos menores serán una de las prioridades pues “es competencia del Instituto de Medicina Legal (IML) de València la verificación de su edad”.
En este sentido, la directora del Instituto, Elvira Garrido, ha asegurado que el IML cuenta con seis forenses especializados en realizar las pruebas médicas para determinar la edad de una persona aunque se necesitará un refuerzo de medios humanos, especialmente en traductores y personal administrativo. También la Fiscalía de Menores ha solicitado más personal administrativo ante el previsible aumento de trabajo que va a suponer la identificación de estos menores para proceder a su tutela y protección.
La consellera ha asegurado que el departamento que dirige “va a tener todo preparado para la atención jurídica y legal de estas personas y que se defiendan sus derechos de manera integral”.
Gabriela Bravo ha explicado que las personas que viajan a bordo del Aquarius, en cuanto pongan un pie en València, “tienen derecho a una primera asistencia jurídica para que puedan saber, siempre asistidos por un intérprete, cuáles son sus derechos y para ello hemos contado con el Colegio de Abogados de València”.
En este sentido, la consellera ha recordado que, durante estos últimos dos años, la Conselleria de Justicia ha organizado cursos y seminarios “para formar a 645 abogados, procuradores y personal funcionarial en temas de refugio y asilo porque es muy importante determinar en esa primera entrevista en la que se puede detectar si estamos ante una víctima de la trata de personas o de tráfico de seres humanos que precisan de una ayuda especial”.
La titular de Justicia del Gobierno valenciano ha asegurado que todos los refugiados del Aquarius tienen asegurada la “asistencia jurídica y social integral tal y como ya ofrecemos a través de la red de asistencia a las víctimas del delito a través de nuestras 22 oficinas”.
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