Promete 64.000 euros al día para combatir el terrorismo machista: “Todo me parece poco”
VALÈNCIA, 4 (EUROPA PRESS)
La consellera de Justicia, Interior y Administración, Gabriela Bravo, ha garantizado que en 2023 se desplegará “la mayor inversión de la historia” en prevención y actuación contra incendios forestales, tras los devastadores de este verano en Bejís y Vall d’Ebo, y ha anunciado que la Unidad Valenciana de Emergencias similar a la UME española se aprobará por decreto antes de finales de 2022.
Bravo ha desgranado en Les Corts unas cuentas globales de 717,7 millones de euros, lo que supone un aumento del 10,7% respecto a 2022, y ha defendido que son “los mejores presupuestos posibles” para el último año de una legislatura marcada por las emergencias, desde la DANA a la pandemia y la guerra de Ucrania.
En materia de seguridad y emergencias, con 184,9 millones (+10%), la partida de extinción de incendios subirá de 143 a 161 millones para mejorar la capacidad de anticipación. El 112 tendrá un 20% más de capacidad, junto a la vigilancia aérea preventiva, la modernización de bases de bomberos, el aumento de unidades helitransportadas y la renovación progresiva de autobombas.
Paralelamente, Bravo ha prometido un millón para mejorar los complementos salariales y los medios materiales de la unidad de Policía adscrita a la Generalitat, que en 2023 cumplirá su 30 aniversario, así como un aumento del 35,6% en el dinero destinado a la formación de policías locales y otros efectivos.
El área judicial concentrará la partida más abultada, hasta 497,7 millones, de los que 24 millones se dedicarán a la lucha contra la violencia de género con “unos 64.000 euros al día”. “No voy a cejar en mi empeño de luchar contra el terrorismo machista”, ha aseverado, aunque ha reconocido que “todo” le parece poco.
MÁS DE 60 MILLONES EN JUSTICIA GRATUITA
En justicia gratuita se prevé destinar 61,7 millones a los abogados de oficio y que así sean “los mejores pagados de España”, de la mano de nuevos servicios y algunos orientados a la crisis energética. Bravo ha destacado que la Comunitat es la única autonomía que gasta más que la media europea en este ámbito.
También contempla un aumento de los equipos psicosociales, unidades didácticas con el testimonio de víctimas de terrorismo en colegios e institutos, avanzar en el “imparable” proceso de digitalización y que el próximo 28 de noviembre se ponga en marcha en Castellón la primera prueba piloto del nuevo sistema de gestión procesal justa que dará inicio al expediente judicial, con la intención de desplegarlo en 2023 y 2024 en las tres provincias.
En infraestructuras, los fondos subirán a 87 millones para proyectos nuevos o iniciados como la Ciudad de Justicia de Alicante o la rehabilitación del TSJCV de València. “En 2019 me comprometí a acabar la legislatura con 40 unidades judiciales; hoy puedo decir que a fin de este año ya habrá 41”, ha resaltado Bravo, y ha cifrado en un 15% el ahorro con el plan pionero de eficiencia energética.
UNAS 300 PLAZAS DE OPOSICIONES SIN MÉRITOS
Por su parte, la función pública tendrá un presupuesto de 15,78 millones (+13,5%) gracias a los “fondos europeos inéditos”, con el objetivo de concluir las oposiciones de 2017 a 2019 y convocar la oferta extraordinaria de más de 3.800 plazas para rebajar la interinidad.
Para ayudar al relevo generacional, ya que la mitad de la plantilla se jubilará en diez años, se prevé que la mitad de las 588 plazas de la OPE de 2022 se convoque sin concurso de méritos para que opten universitarios. “Necesitamos su talento en esta encrucijada histórica”, ha dicho la consellera, y ha recordado el programa Becas 700 con 700 euros al mes para 700 opositores.
LA OPOSICIÓN VE MARKETING ELECTORAL
Durante el debate, Verónica Marcos (PP) ha vuelto a denunciar la gestión del incidente del tren en el incendio de Bejís, acusando a Bravo de ser “la consellera menos transparente”, y ha ligado las sedes presupuestadas con una “operación de marketing”.
Mamen Peris (Cs) también ha achacado el aumento presupuestario a que 2023 es año electoral y ha enumerado juzgados “colapsados”, mientras José Mª Llanos (Vox) ha advertido que es “irresponsable” dar por seguros los fondos europeos “como el cuento de la lechera de la gigafactoría de Sagunto”.
En su réplica, Bravo (PSPV) ha negado que el presupuesto sea “propaganda”, aunque “se han cuantificado los gastos necesarios” para el proceso electoral, ni que haya juzgados “hacinados” o con falta de salubridad.
Ha garantizado que los técnicos de guardia cobrarán de forma retroactiva, ya que el decreto está pendiente de aprobación “antes de fin de año”, y ha reconocido “cierto retraso” en ayudas por emergencias pero ha prometido que las de Bejís y Vall d’Ebo se pagarán en 2022.
Además, ha preguntado a la diputada del PP si la “gran gestión” fue la del exconseller Serafin Castellano, procesado por la Audiencia Nacional por el ‘cartel del fuego’ de los presuntos amaños en contratos de extinción de incendios. “La verdad no os interesa”, ha zanjado frente a las críticas por el incidente del tren.
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