ALICANTE, 30 (EUROPA PRESS)
La Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (UEPAL) y Asaja Alicante han advertido del “peligro” que supondrá la modificación ya aprobada del Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo, que reducirá las aportaciones del trasvase a la cuenca del Segura en más de 105 hm3 anuales. Esto causará “la desaparición de más de 6.300 empleos directos, una pérdida económica de más de 5.600 millones de euros y el abandono de 27.314 hectáreas de regadío”, lo que consideran un “tsunami económico” para la provincia de Alicante con “consecuencias sociales, económicas y ambientales irreparables”.
El presidente de UEPAL, Juan José Sellés, ha comparado el impacto que tendrá suprimir caudales del Tajo-Segura “sin una alternativa real ya disponible”, con un hipotético colapso de algunas de las grandes empresas afincadas en la Comunitat Valenciana, como la factoría de Ford en Almussafes, han indicado las entidades en un comunicado.
“Nadie en el Gobierno de España, y muy pocos en la Generalitat Valenciana, se han planteado el impacto de esto: menos superficie es igual a menos trabajo y, por lo tanto, a más de 6.300 personas que tendrán que abandonar su actividad”, ha lamentado. Además, ha apuntado que la percepción del empleo agrario está “muy distorsionada y no siempre es mano de obra sin cualificar”, sino que ha sostenido que el sector es “altamente profesional, muy innovador y preparado”.
En la misma línea, el presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, ha señalado que el acueducto Tajo-Segura permite que exista y es lo que sustenta “el único salvoconducto seguro, la única despensa que tiene España y Europa para la obtención de hortalizas frescas ante olas de frío como la actual”.
“Parece que este Gobierno no es consciente de que el recorte va totalmente en contra del interés general de este país, porque las regiones afectadas por el trasvase representan el 71 por ciento de la exportación nacional de hortalizas y el 25% de la de frutas, solo con el 3% del agua dedicada al regadío a nivel nacional. Demuestra una eficacia en el uso de este recurso sin precedentes”, ha resaltado.
Igualmente, ha sumado “el daño colateral” que la reducción del trasvase tendrá sobre otros sectores como la logística, la industria química o los servicios, “restando competitividad al tejido socioeconómico y, por ende, al territorio”.
Asaja también ha apuntado que esta decisión afectará a la sociedad, por estar “obligados a depender de las producciones de terceros países, lo que supondrá que los precios suban para el consumidor y que haya que consumir productos tratados con materias prohibidas en Europa hace años por ser perjudiciales para la salud”, ha advertido.
Por otro lado, han indicado que habrá “un importante impacto” por el abandono de esta superficie de regadío que tiene que ver con el precio de la tierra, que “sufrirá una considerable merma en su valor, más la pérdida de valor patrimonial de inversiones, en muchos casos, pendientes de amortizar financieramente”. En concreto, lo han estimado en más de 5.692 millones de euros.
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