VALÈNCIA, 18 (EUROPA PRESS)
El ex secretario autonómico de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Emilio Argüeso, –que ha sido citado como investigado por la jueza que instruye las diligencias por la gestión de la dana del 29 de octubre– asegura que el día de la trágica barrancada el 112 “no envió comunicación alguna” al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi). “Y ello pese a que el director del Centro de Coordinación de Emergencias, de quien depende orgánicamente, formaba parte del Cecopi”.
Así lo traslada en un recurso de reforma presentado ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia) por la defensa del que fuera ‘número 2’ de la Conselleria de Emergencias, al frente de la cual estaba en aquel momento Salomé Pradas, también investigada en la causa.
En dicho escrito, datado de este martes y al que ha tenido acceso Europa Press, la representación legal de Argüeso subraya que “sigue sin acceso a una copia de la causa” y, por tanto, está actuando “en absoluta indefensión”.
El recurso se interpone, según especifica, contra un auto de 14 de marzo “por el que se ordena que se oficie a la subdirección general de emergencias, a fin de que remitan al Juzgado todos los audios de las llamadas recibidas el día 29 de octubre de 2024”.
Cabe recordar que ese día, la titular del Juzgado dictó un auto en el que rechazaba incorporar a la causa todos los audios de las llamadas recibidas en el ‘112’ el día 29 de octubre, puesto que, según argumentó, podría producirse una injerencia en el secreto de las comunicaciones, aunque precisó que si hubiera consentimiento de las personas que llamaron a Emergencias, no se produciría dicha intromisión.
En todo caso, la defensa del ex secretario autonómico alega que la prueba de instrucción “tiene por objeto la investigación de hechos presuntamente delictivos además de preparar un futurible juicio” y hace notar que en la causa, “a día de hoy, solo hay dos investigados”, en el caso de Argüeso “sin que sepamos a ciencia cierta los hechos que se le imputan”.
“Y el hecho que su señoría repute como suficiente para iniciar la investigación el supuesto retraso en el envío de un SMS de alerta a la población en relación a la supuesta fecha en que supuestamente se recibió en el Cecopi un correo por parte de la Aemet alertando a dicho organismo sobre el Barranco del Poyo, no justifica la medida solicitada”, considera.
“AUTENTICA ALARMA SOCIAL”
Además, esgrime el letrado que, por su experiencia en “macrocausas”, si el juzgado recibe las grabaciones “acabarán filtrándose”. “Y dadas las características que todos podemos presuponer de estas llamadas (llamadas de personas totalmente angustiadas por las situaciones que estaban viviendo), van a generar autentica alarma social, además del daño que puedan generar a las víctimas de la pasada dana”.
En esta línea, rechaza que esto sirva para esclarecer los hechos investigados: “No va a aclarar absolutamente nada porque, según me asegura mi cliente, y por lo que veo, su señoría no ha investigado: El 112 no envió comunicación alguna al Cecopi, y ello pese a que el director del Centro de Coordinación de Emergencias, de quien depende orgánicamente, formaba parte del Cecopi”, asevera.
En este punto, pide a la jueza que investigue previamente si alguno de estos mensajes fue comunicado al Cecopi “porque la realidad es que no hubo comunicación ni de estos mensajes ni ninguna otra al Cecopi”, insiste.
“Y, por tanto, aun tratándose de material indudablemente valioso para historiadores, periodistas, etc., no puede arrojar luz alguna a los hechos investigados”, concluye.
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