VALÈNCIA, 6 (EUROPA PRESS)
La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) revisará “caso a caso” el uso de los espacios cedidos de forma gratuita al Ayuntamiento de València, tras el informe de la Abogacía del Estado que advierte que que su fin debe ser de utilidad pública, y lanzado un “mensaje de tranquilidad” porque “hay soluciones para mantener los derechos de las empresas” y su actividad.
Así lo han explicado el presidente de la APV, Aurelio Martínez, y su director general, Francesc Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, celebrado este lunes.
Martínez ha indicado que, como consecuencia de la condonación del préstamo con el ICO, se analizó la forma en la que esta afecta al Ayuntamiento y a la Autoridad Portuaria dentro de un grupo de trabajo conjunto y se elaboraron varios informes al respecto, entre ellos el de la Abogacía del Estado, que “consideró que hay que analizar todos los derechos otorgados sobre bienes uno por uno para ver si en todos se cumple el fin de utilidad pública” al que deben destinarse, pero ha remarcado que “en ningún caso se cuestiona el uso al que se pueden destinar esos bienes” sino si se puede seguir adelante con el convenio y si la gestión debe ser de la corporación municipal o la APV.
Aurelio Martínez ha subrayado que la APV debe “cumplir escrupulosamente” la Ley y que el artículo 145 de la Ley de Patromonio dispone que los bienes y derechos patrimoniales de la Administración General del Estado podrán ser cedidos gratuitamente cuando sea para fines de utilidad pública o interés social. El presidente de la APV ha añadido además que la Ley de Puertos solo contempla la cesión gratuita para dines de utilidad pública e interés social. “Por tanto, hay que demostrarlo”, ha comentado, y “si no fueran destinados al uso previsto, se considera resuelta la cesión y revertirán a la APV”.
En ese sentido, Fracesc Sánchez ha detallado que, cuando se creó el Consorcio Valencia 07 y para acometer inversiones se solicita crédito al ICO y “se consideró que tenía interés público desarrollar una actividad económica para devolver el préstamo”, pero cuando el Estado se hace cargo del crédito, “desaparece el objetivo de utlidad pública que tenía la explotación comercial de los espacios de la Marina”, que es lo que advierte el informe de la Abogacía.
Ahora, “aquello que antes tenía utilidad pública debe ahora examinarse caso a caso si sigue siéndolo”. Si no tiene interés público, una opción es que se revierta el terreno a la APV y que esta otorgue una concesión para que las diferentes empresas continúen con su actividad, ha indicado Sánchez.
Por su parte, el presidente de la APV ha expuesto ejemplos como el del Ayuntamiento de Vigo, que tuvo que comprar una parcela al Puerto por tres millones de euros para destinarla a un uso que no era de utilidad social.
Martínez ha subrayado que la APV no es quien interpreta la ley ni puede “ser más o menos laxa” sino que tiene que “cumplirla escrupulosamente” y “no tiene mucho margen de interpretación”. “No hay cesión gratuita de una parcela si no hay interés social. No nos pidan que hagamos una cosa que no podemos hacer, por favor”, ha agregado.
En cualquier caso, Francesc Sánchez ha lanzado un “mensaje de tranquilidad” porque “hay soluciones para mantener los derechos de las empresas que de buena fe en su momento obtuvieron una concesión para esa actividad”, “Se va a poder mantener la actividad, a lo mejor dependiendo de las circunstancias el suelo tiene otro carácter diferente y lo administra otro ente, pero la finalidad será la misma”.
A modo de ejemplo, Sánchez ha expuesto que en el caso de la antigua estación marítima, que es de dominio público portuario y cuya concesión se ha aprobado este lunes, no se ha hecho ninguna cesión gratuita al Ayuntamiento y la APV ha tramidado esta concesión. En el Tinglado 2, que sí son bienes cedidos gratuitamente al Ayuntamiento, aparentemente su uso no es de una actividad económica y puede mantenerse en ese uso.
No obstante, ha puntualizado que hay otros casos como el de Veles e Vents, que sí se encuentra en terreno de dominio público portuario, que se deberán “estudiar los expedientes, los usos que tienen, su régimen económico” y se analizará si se cumplen los preceptos para una cesión gratuita. En el caso de que no sea así, “no significa ‘hay que cerrar Veles e Vents’, hay soluciones”, ha insistido.
Lo más importante es que el ciudadano será el último que se vea afectado por esto. Lo único es el instrumento sobre el cual se da confort legal a ese uso y, depediendo de las circunstancias, existen soluciones”, ha zanjado.
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