Igualdad afirma “no hay razón para la alarma” excepto “si las empresas quieren mantener un nivel de lucro muy elevado”
VALÈNCIA, 10 (EUROPA PRESS)
Aerte ha vuelto a concentrarse este miércoles por tercera vez, esta vez frente al Palau de la Generalitat, contra “el bloqueo” del acceso al sistema de salud mental y de dependencia y exigir “una atención a la salud mental rehabilitadora, para todas las personas y sin recortes”.
Por contra, desde la Conselleria de Igualdad afirman que la aplicación del decreto se está haciendo de “forma dialogada y consensuada” y que “no hay razón para la alarma” excepto “si las empresas quieren mantener un nivel de lucro muy elevado”.
La protesta ha contado con el respaldo de FEVAFA, que representa a 42 asociaciones de familiares de Alzheimer de toda la Comunidad Valenciana, y el Colegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunitat Valenciana.
El presidente de Aerte, José María Toro, ha recalcado que el sector necesita “acciones concretas e inmediatas y no más palabras”. Así, ha señalado que les ha recibido el comisionado de la Presidencia en salud mental, Rafael Tabares, que les ha solicitado que les remitan sus propuestas y ha mostrado su “compromiso firme con buscar soluciones en salud mental”. Sin embargo, recuerda que ya se reunieron con Tabares en el mes de octubre y, ha señalado, “le explicamos lo mismo que hoy y no se ha avanzado nada en estos siete meses”.
Por ello, en el manifiesto recalcan que es “una verdadera prioridad poner el foco en las personas que se encuentran en esta situación” y “ofrecerles los apoyos necesarios para que puedan establecer un proceso de rehabilitación psicosocial adecuado”.
En ese sentido, destacan que se ha desarrollado una red “muy importante” de viviendas de apoyo en salud mental en los últimos años en la Comunitat Valenciana: “107 nuevos espacios desde septiembre de 2015 debido al fomento de la propia Conselleria y a las ayudas puestas a disposición por la misma”.
Sin embargo, lamenta que desde el mes de agosto Igualdad “ha reducido” los importes de ayuda que ofrecía a estas personas para acceder a una plaza en una vivienda supervisada, lo que está provocando “desde hace ya ocho meses, el bloqueo del acceso al sistema”.
“Hay que lograr un rápido cambio entre las residencias, las viviendas tuteladas y los domicilios de las personas atendidas con flexibilidad para avanzar en un sentido u otro y sin tener la inseguridad de que se pueda perder el total de la ayuda en cada cambio. Si no, paralizaremos el proceso de rehabilitación”, advierte.
Además, señalan que, como profesionales, lo que “más” les ha “decepcionado” es que “se haya cambiado el sistema sin ni siquiera preguntar el resultado que estaba dando y como estaba ayudando a las personas atendidas”. “No se ha cambiado el sistema porque no funcione, que lo está haciendo, sino porque les parece caro”, afirman. Al respecto, lamentan que la repuesta a sus movilizaciones anteriores es que “no se iba a mover ni una coma ni del decreto 102 ni de nuevo de tipologías”.
Por eso, se concentran esta vez frente al Palau de la Generalitat para exigir que “se desbloquee el acceso al sistema de salud mental y de dependencia, reconociendo el carácter residencial que se le niega; se haga efectiva la libertad de centro liberando las prestaciones vinculadas de garantía; y se aporte el presupuesto necesario para que no le cueste ni un euro más a las personas atendidas, tal y como han exigido el Comité Económico Social y el Consejo Jurídico Consultivo”.
APLICACIÓN “CONSENSUADA”
Por contra, desde la Conselleria de Igualdad afirman que la aplicación del decreto se está haciendo de “forma dialogada y consensuada con sindicatos, entidades del tercer sector y patronales, entre las que figura Aerte que ha participado en la ronda de reuniones para implantarlo” y señalan que las fechas de aplicación que se alargan, en algún punto, hasta 2029.
Por lo tanto, aseguran que “no hay razón para la alarma excepto si las empresas de las residencias de personas mayores quieren mantener su nivel de lucro en niveles muy elevados”. Al respecto, consideran que, tras la pandemia, “también deben arrimar el hombro para mejorar la calidad de sus servicios”.
Asimismo, recuerdan que la implantación del decreto “irá acompañada de 137 millones para facilitar que las residencias del sector público o con plazas concertadas tengan garantizado el apoyo financiero de la Generalitat para acometer los cambios previstos”.
Por último, destacan que la Comunitat Valenciana es “la primera” en incorporar, mediante este decreto, todas las mejoras consensuadas en el acuerdo estatal sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios de promoción de la autonomía y atención a personas en situación de dependencia de la Comisión Interterritorial del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
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