VALÈNCIA, 18 (EUROPA PRESS)
Mari Carmen, la mujer a la que un jurado popular ha considerado culpable del delito de asesinato a su entonces pareja sentimental, Salvador, tras administrarle una gran cantidad de laxantes, ingresará este martes en prisión.
Así lo ha acordado el magistrado que ha presidido el juicio, ante un jurado popular, contra la mujer, sobre la que se ha emitido este martes un veredicto de culpabilidad –con ocho votos a favor y uno en contra–.
Tras el mismo, la Fiscalía ha pedido al magistrado que condene a la acusada a 28 años de prisión por un delito de asesinato, estafa y falsedad, mientras que las acusaciones particulares –que representan a los hijos de la víctima– han elevado la petición a 31 años. La defensa ha anunciado que recurrirá la resolución y ha pedido que se imponga a su representada la pena mínima por cada delito.
Además, tanto el ministerio público como las acusaciones particulares han pedido el ingreso inmediato en prisión para la mujer, algo que decidirá el magistrado a lo largo de esta jornada. La acusada estaba en libertad puesto que, tal y como ha explicado a los medios uno de los abogados de la acusación particular, Andrés Zapata, cuando se le detuvo por estos hechos todavía quedaban muchas diligencias por practicar con lo que se decidió no apurar las 72 horas para ser puesta a disposición judicial y se le dejó en libertad a la espera de juicio.
Tras escuchar a las partes, el magistrado se ha retirado a deliberar y, finalmente, ha decidido que la acusada ingrese en prisión esta misma jornada.
LOS HECHOS
El jurado ha dado como probado que la acusada, de 49 años cuando inició la relación, administró en verano de 2020 a su pareja, Salvador, un viudo de 68 años que tenía diagnosticados varios trastornos médicos, laxantes sin que él lo supiera.
El paciente fue ingresado en septiembre del mismo año y pasó cuatro días en la unidad de cuidados intensivos. Al volver a casa, Mari Carmen continuó dándoselos, lo que provocó un nuevo ingreso en el que siguió administrándolos a pesar de que era consciente que podían causarle la muerte. Durante el tiempo de hospitalización hasta su muerte llegó a comprar más de 1.000 comprimidos de Dulcolaxo, más de 500 unidades de Evacuol y otras 500 de Seguril.
La víctima desarrolló una diarrea crónica funcional y refractaria a cualquier tratamiento y una deshidratación y deterioro progresivo hasta que falleció el 16 de abril de 2021 por un shock séptico severo –afirmación sostenida por el jurado por unanimidad–.
Además, entre octubre de 2020 y hasta la muerte del hombre, la procesada realizó hasta 152 extracciones de dinero de cuentas corrientes de la víctima y compras con tarjetas de crédito del hombre por valor superior a los 120.000 euros. También solicitó dos créditos a nombre del enfermo que suscribió telefónicamente simulando la intervención del hombre.
El jurado ha dictaminado por unanimidad que la acusada se aprovechó de la situación de desvalimiento de Salvador y de la relación de confianza que ambos mantenían. Además, han reclamado que no se aplique ningún beneficio a la acusada y que no se proponga al Gobierno el indulto de la pena que le sea impuesta.
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