La jornada municipalista ha reunido en Barcelona a técnicos y responsables de nueve ayuntamientos, que han reivindicado mejoras en la financiación de las ciudades
El delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Jorge García Castaño, ha participado hoy en el Encuentro de Trabajo sobre Fiscalidad Local y Cambio Social organizado por el Ayuntamiento de Barcelona, que ha reunido a representantes políticos y técnicos de varias ciudades españolas. Los participantes, además de debatir sobre la lucha contra el fraude fiscal y sobre gestión tributaria, han solicitado mejoras en la financiación local para garantizar que los ayuntamientos puedan dar las respuestas adecuadas a los retos que plantea la ciudadanía.
García Castaño, en este sentido, ha insistido en que para el Ayuntamiento de la ciudad de Madrid es clave que el Estado aplique a la capital el mismo criterio de cálculo de la regla de gasto que se utiliza para el resto de entidades locales. Ante las carencias y defectos que presenta la actual regulación de la regla de gasto, que limita el aumento del gasto público de las Administraciones Públicas, el delegado de Economía y Haciendo ha instado de nuevo al Ministerio de Hacienda a que valore acabar con lo que considera que ha sido hasta ahora un “trato discriminatorio” y modifique este mecanismo fiscal en el ejercicio 2018.
Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Cádiz, Iruña, Santiago de Compostela, A Coruña y Córdoba han analizado, compartido experiencias y debatido propuestas que ayuden a desarrollar una fiscalidad más justa y progresiva para el ámbito local. Las nueve metrópolis participantes en el encuentro han suscrito una declaración en la que constatan que las autoridades locales representan el nivel territorial de gobierno más cercano a los ciudadanos y ciudadanas. Y recuerdan que la Carta Europea Local reconoce la autonomía local como “el derecho y la capacidad efectiva de las autoridades locales para ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos, en el marco de la ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus ciudadanos”.
Los municipios han solicitado al Estado en esta declaración una revisión de la Ley de Racionalización de la Administración Local (LRSAL); la definición de un sistema estable de financiación local que garantice la cobertura de las necesidades de sus ciudadanos en el marco de sus competencias; y una flexibilización de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (regla de gasto y el destino del superávit de los entes locales). /
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