COMPARECENCIA DE LA CONSEJERA DE JUSTICIA EN LA ASAMBLEA
La Comunidad de Madrid ha instado al Gobierno de Pedro Sánchez a retirar el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la mejora retributiva que recoge el Acuerdo Sectorial para el personal funcionario de la Comunidad de Madrid al servicio de la Administración de Justicia, que el Ejecutivo regional firmó con los sindicatos en julio de 2017. Así lo ha adelantado hoy la consejera de Justicia, Yolanda Ibarrola, en la Asamblea de Madrid.
El pasado lunes, solicité por carta a la nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el desistimiento del recurso contra el incremento del complemento transitorio recogido en el Acuerdo Sectorial, ha explicado la consejera.
Estoy segura de que coincidirán conmigo en que es una decisión necesaria porque, de otro modo, se podría causar a los funcionarios un perjuicio de difícil reparación posterior. Creemos que este es un acuerdo perfectamente legal y su impugnación crea una situación de inseguridad a los trabajadores de la Administración de Justicia que tiene que ser superada, ha subrayado.
El Acuerdo Sectorial para el personal funcionario de la Comunidad de Madrid al servicio de la Administración de Justicia contempla, entre otras mejoras, un incremento progresivo de 120 euros mensuales en el complemento transitorio que cobran estos trabajadores. El año pasado la retribución aumentó en 45 euros al mes, este año alcanza ya los 90 euros y el año que viene llegará a los 120 euros mensuales. Una mejora que beneficiará a más de 6.900 trabajadores públicos, entre funcionarios de carrera e interinos, y que supone un aumento del 25 % de este complemento, ha recordado la consejera.
Compromiso político
En su comparecencia, Ibarrola ha destacado el compromiso político del Gobierno que preside Ángel Garrido con la Justicia como servicio público clave para la calidad de vida de los madrileños y para la protección de sus derechos; y como garantía de una estabilidad y seguridad jurídicas que son esenciales para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo.
Un compromiso político, ha añadido, que se plasma en la creación, por primera vez en la Comunidad de Madrid, de una Consejería dedicada en exclusiva a atender las necesidades de la Administración de Justicia. La Consejería cuenta con una Dirección General dedicada a las personas, la de Recursos Humanos y Relaciones con la Administración de Justicia, y otra centrada en los medios materiales, la Dirección General de Infraestructuras Judiciales.
Así, se han agilizado los pagos de asistencia jurídica gratuita, reduciendo los plazos en más de un 50 %, y se han recuperado y mejorado los baremos que perciben los abogados y procuradores que atienden a las personas con menos recursos económicos; y se están destinando más recursos a la Administración de Justicia para agilizar los procedimientos judiciales, con unos Presupuestos de 440,49 millones de euros para este año, que crecen un 7,16 %, casi el doble que el Presupuesto global de la Comunidad de Madrid.
Menor tasa de interinos
En materia de personal, la consejera de Justicia también ha explicado que ya se han cubierto el 52 % de las vacantes que existían en 2015 y que, el año pasado, la tasa de interinidad se rebajó al 33 %. De cara al futuro, ha adelantado que se está trabajando en la implantación de la Nueva Oficina Fiscal, que supondrá la consolidación de empleo, y en la puesta en marcha del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Asimismo, la Consejería va a crear los servicios comunes de actos de comunicación en los partidos judiciales que no cuenten con ellos, para agilizar los trámites de notificaciones y resoluciones judiciales. También espera poder firmar con los nuevos ministros de Justicia y de Interior un convenio para la creación de oficinas judiciales delegadas en los centros penitenciarios. En materia de justicia gratuita, Ibarrola prevé aprobar tras el verano la modificación del Decreto por el que se regula la asistencia jurídica gratuita en la Comunidad de Madrid.
Reagrupación de sedes judiciales
La consejera de Justicia también se ha referido a las infraestructuras judiciales y en este punto, ha recordado la puesta en marcha del Plan de mejora para las infraestructuras judiciales, con una inversión que casi se ha triplicado en 2018, hasta alcanzar los 19,7 millones de euros, lo que supone también multiplicar por 30 el presupuesto de 2015.
Para los próximos meses, Ibarrola ha destacado la puesta en marcha de un nuevo núcleo penal en Madrid capital, en la zona de San Blas, que concentrará en tres edificios, situados en un radio de 100 metros, un total de 56 juzgados, con espacio adicional para nuevos órganos judiciales. Supone la mayor inversión que ha realizado la Comunidad de Madrid en una sede judicial, ha indicado.
Fuera de la capital, se van a terminar los edificios de Navalcarnero y San Lorenzo de El Escorial que permitirán unificar las sedes en ambos partidos judiciales, se impulsará la ampliación y mejora de los juzgados de Alcobendas y Getafe y se licitará la redacción del proyecto de construcción del nuevo edificio judicial de Móstoles.
Nuevas tecnologías
También se ha referido a la implantación de las nuevas tecnologías como uno de los ejes de actuación de su Departamento. Así, ha anunciado una inversión de 1,5 millones de euros para instalar cámaras de videoconferencia en todas las salas de vistas, ha adelantado que se va a completar la implantación de la cita previa online en los cuatro registros civiles de la Comunidad que aún no disponen de ese servicio y ha explicado que ya se han entregado la práctica totalidad de los 1.100 ordenadores portátiles destinados a magistrados, jueces y fiscales.
En cuanto a la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI), organismo autónomo adscrito a la Consejería, Ibarrola ha apuntado el próximo lanzamiento de un programa específico para trabajar con las familias de los menores y la organización de un congreso nacional con expertos en reeducación y reinserción para compartir las mejores prácticas.
Por último, Ibarrola ha reiterado el compromiso del Gobierno regional con la Justicia y sus necesidades y su disposición al diálogo y a la busca del consenso con los operadores jurídicos, los representantes de los trabajadores y los grupos de la oposición. Les ofrezco mi total colaboración para lograr este objetivo y espero de ustedes sus aportaciones para construir entre todos la Administración de Justicia que merece la Comunidad de Madrid, ha concluido.
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