El número de quejas en la Comunidad de Madrid fue de 8.045
MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
Las zonas de bajas emisiones (ZBE), las viviendas de uso turístico y el servicio de Cercanías son tres de las principales quejas que recoge el Informe Anual del Defensor del Pueblo, presentado este martes en el Congreso de los Diputados y en el Senado. En el documento anexo, entregado por el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, se detallan las actuaciones realizadas durante el año 2024.
Así, la institución ha remarcado que, durante el año pasado, prosiguió con sus actuaciones sobre el retraso en el establecimiento de las zonas de bajas emisiones (ZBE) y trasladó recomendaciones para su aplicación a los ayuntamientos madrileños de Aranjuez (Madrid), Arganda del Rey (Madrid), Majadahonda (Madrid), Tres Cantos (Madrid) y Valdemoro (Madrid). A mediados de febrero de este año, Arganda del Rey y Valdemoro seguían sin iniciar los trámites para su aplicación.
El servicio de Cercanías es uno de los que más quejas acapara a escala estatal, según se detalla en el informe, principalmente por incrementos de los tiempos de espera y por la saturación de trenes y andenes. Los núcleos de Cercanías Madrid y Barcelona, que conjuntamente soportan casi un millón de viajeros diarios, han concentrado la gran mayoría de las quejas recibidas.
En el análisis de los datos de Renfe sobre Cercanías Madrid, se apunta como primer indicador relevante el volumen de cancelación de trenes. En el año 2024 –hasta el 31 de agosto de 2024– se habían programado un total de 271.050 circulaciones, de las que 4.402 resultaron suprimidas, lo que significa que un 1,62% de los trenes programados fueron cancelados.
El segundo indicador es la puntualidad de estos. En lo que se refiere al año 2024, y siempre sobre datos correspondientes al período enero-agosto, el punto más crítico de puntualidad se correspondió con el mes de febrero (93,90%), y el mejor dato se obtuvo en junio (98,34%).
La institución espera que la culminación, en los próximos meses, de los procesos que están actualmente en marcha (en particular la renovación de la estación de Chamartín, en Madrid capital) “pueda poner fin a las insuficiencias y disfunciones” que, en distinto grado, han venido padeciendo las personas usuarias de los servicios de cercanías y que “puedan recuperarse los índices de puntualidad y calidad que merece la ciudadanía”.
VIVIENDAS TURÍSTICAS ILEGALES
En cuanto a las viviendas de uso turístico, el informe señala que, a pesar de que muchas de ellas no disponen de las autorizaciones necesarias, “continúan en explotación”, mientras que las administraciones competentes “acumulan retrasos” en la realización de las inspecciones y en la adopción de las medidas orientadas a paralizar la actividad ilegal.
Precisamente este lunes, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 detalló que había identificado más de 15.200 pisos turísticos ilegales en Madrid.
El Defensor del Pueblo dirigió una recomendación a la Comunidad de Madrid, que fue aceptada, para que agilizara la tramitación de los procedimientos sancionadores y evitara que las infracciones prescriban.
RETRASO EN EL BONO ALQUILER JOVEN
Otro aspecto relacionado con la vivienda sobre el que ha puesto el foco en la región el Defensor del Pueblo es el bono alquiler joven, una ayuda económica que se entrega a los menores de 35 años que cumplen una serie de requisitos para poder pagar el alquiler del piso.
“El notable retraso” en la resolución de estas ayudas, de más de un año, dio lugar a la formulación de recordatorios de deberes legales a las consejerías competentes en varias autonomías, entre ellas Madrid, para que dictasen y notificasen la concesión de la ayuda al bono alquiler joven y para que acomodasen su actuación administrativa a los principios de eficacia, economía y celeridad.
Además, el informe ha dedicado un apartado específico a la falta de suministro eléctrico en la Cañada Real, en Madrid. El Defensor del Pueblo remitió un informe al respecto ante el Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa. Este organismo ha determinado que se están vulnerando hasta diez derechos consagrados en la Carta Social Europea por parte del Estado español desde hace más de cuatro años, y considera que no ha cumplido con sus obligaciones de proteger y mejorar las condiciones de vida en la Cañada Real, muy singularmente de los habitantes más vulnerables.
Por ello, el Defensor del Pueblo reitera sus recomendaciones a los poderes públicos para que se restablezca el suministro eléctrico hasta que se aborden las medidas necesarias para concretar los realojos de quienes estén inmersos en esos procedimientos.
IMPUESTO DE SUCESIONES
También con relación al Impuesto de Sucesiones, el Defensor del Pueblo recibió quejas respecto al deber de información y asistencia tributaria de los ciudadanos. Es el caso de la limitación por parte de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid de las citas destinadas únicamente para la elaboración de determinadas autoliquidaciones, que excluyen las autoliquidaciones para el Impuesto de Sucesiones.
Por último, el informe menciona las actuaciones realizadas con la Consejería de Educación de la región para paliar la falta de creación de centros para absorber el aumento de población en edad escolar en algunas zonas.
Respecto a los expedientes abiertos por áreas de actuación en 2024, en la Comunidad de Madrid la cifra total es de 8.045. Así, las áreas que más quejas han recibido son la de administración de Justicia (1.003), Asilo (696), Empleo y Seguridad Social (654) y Educación (554). En total, el Defensor del Pueblo recibió 34.402 quejas de lso ciudadanos a escala nacional.
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