MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
El juez de Instrucción número 3 de Collado Villalba interrogará el próximo jueves al doctor Francisco Martínez Peromingo, quien defendió en la Asamblea de Madrid a los 22 geriatras que aplicaron la no derivación de mayores de residencias a hospitales durante la pandemia.
La comparecencia judicial se celebrará a instancias del PSOE, que ejerce una de las acusaciones populares en la causa judicial. Actualmente, el testigo es jefe de Geriatría de la Fundación Jiménez Díaz.
En la época de la pandemia, Martínez Peromingo era el geriatra que tomaba las decisiones sobre 47 residencias en el área del Hospital de Móstoles. En la comisión de investigación, el exdirector general de coordinación sociosanitaria Carlos Mur afirmó que los protocolos de derivación fueron elaborados, entre otros, por Martínez Peromingo, quien le sustituyó en el cargo cuando fue destituido en 2020.
La querella que dio origen a la causa y que parte de los familiares de una fallecida en una residencia en el inicio de la pandemia se dirige contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y los exconsejeros Enrique López y Enrique Ruiz Escudero por la presunta comisión de un delito de homicidio imprudente.
La causa tomó impulso después de que hace más de un año la Audiencia Provincial de Madrid ordenara al juzgado reabrir este procedimiento al estimar un recurso interpuesto por la familia contra el archivo de la causa, instando a la práctica de diligencias necesarias para determinar si concurría o no indicios del citado delito.
Entre otras diligencias, el juez reclamó datos sobre los ratios que tiene estipulados dicha residencia por normativa y los operativos al momento de los hechos, en relación al número de residentes y personal, así como la acreditación del personal con formación en cuidados paliativos, acreditación de su jornada de trabajo esos meses, y acreditación del suministro médico existente para proporcionar esas medicaciones.
Por ahora, hay al menos 25 procedimientos cerrados por el fallecimiento de ancianos por Covid en residencias públicas de la Comunidad de Madrid al no acreditarse la comisión de delito alguno en relación a los protocolos de derivación de pacientes a hospitales en la primera ola de la pandemia.
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