La Comunidad busca poner fin a un problema “heredado” de 2007
MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
Cuatro inmuebles derruidos, 85 viviendas afectadas, 72 familias realojadas, 7,7 millones de euros para este 2022 y miles de vecinos en protestas en la calle son las cifras que arroja un año de crisis en San Fernando de Henares por los desperfectos de la Línea 7B de Metro de Madrid.
Los problemas de la Línea 7B arrancaron hace ya catorce años, apenas uno después de que se inaugurara por la expresidenta Esperanza Aguirre en campaña electoral esta prolongación del Metro Este. En 2008 comenzaban los cortes de la línea para obras de mejora, que se repetirían siete años más –2011, 2014, 2015, 2018, 2020, 2021, 2022–.
Hace poco más de un año la situación se convertía en insostenible para los vecinos del edificio entre las calles Presa 4 y Rafael Alberti 1 y 3, que el 22 de septiembre se veían obligados a desalojar sus casas por riesgo de la estructura.
“Nos dejaron entrar 30 minutos para coger 30 años de tu vida, como si fuera un programa de televisión. Colapsas, no sabes qué es lo importante y hay recuerdos que formaban parte de una casa que está ahora derruida”, ha descrito a Europa Press Juan Fuentes, uno de los desalojados hace un año y presidente de la Asociación de Vecinos Afectados Rafael Alberti-Presa.
A día de hoy el edificio no está en pie, las indemnizaciones aún tardarán en llegar y la Comunidad ya no les puede dar una alternativa habitacional, aunque les han ofrecido un adelanto de sus indemnizaciones para poder hacer frente a los costes de la vivienda hasta que se resuelvan los expedientes.
Para Fuentes el fin de su estancia en apartahoteles pagados por el Gobierno autonómico fue “muy traumático”, especialmente para los más mayores, personas con edades superiores a los 80 años que, en algunos, han acusado físicamente el tener que salir de sus casas.
“Los mayores nos decían que lo que no quieren es perder la memoria, porque si se olvidan de su difunta esposa, no tienen una foto que enseñarles a sus propios nietos”, lamenta el representante vecinal.
Algunos de los vecinos que dejaron de poder albergarse en los apartahoteles “tuvieron la tentación de quedarse como okupas”, pero al final “desistieron”. La clave radica en el adelanto de la indemnización, que ronda los 800 euros durante seis meses en un único pago.
EL PRECIO MEDIO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES
La Comunidad ha explicado que es el precio máximo que pueden dar, sumando, además, la inflación a los precios medios de una vivienda en San Fernando recogidos en el Ministerio de Transportes. Además, han aclarado que este adelanto no se restará de la indemnización total y que forma parte de los gastos hasta que se formalicen los expedientes.
“Un piso amueblado en San Fernando cuesta mucho más y no hay siquiera disponibilidad (…) Yo además tengo que pagar mi hipoteca (…) Con ese dinero y teniendo que pagar mes en curso y fianza, te da como mucho para dos meses”, ha lamentado Juan Fuentes. Su organización se ha encargado también de ayudar a los mayores a presentar la documentación, ya que la edad de los que vivían en el edificio derribado de Presa 4 “supera casi los 50 años”.
Este anticipo es la fórmula con la que la Comunidad de Madrid busca atajar un problema. A lo largo del pasado año han podido correr con todos los gastos de alojamiento y manutención de los desalojados pero con el derribo del edificio “jurídicamente” se extinguió la emergencia y era imposible seguir haciendo frente a ello con fondos públicos.
El Gobierno autonómico adelanta este dinero correspondiente a seis meses, tiempo antes del que esperan haber concluido los expedientes y haber entregado las indemnizaciones que quieren que sean lo más altas posibles e intentar compensar dentro de lo posible a los afectados.
UN SUELO AGUJEREADO POR EL CORRER DEL AGUA
La composición del suelo y la presencia de acuíferos en la zona provoca que el agua a su paso erosione y cree cavidades que vuelven inestable el terreno sobre el que alza San Fernando, que ha visto con el paso de los años como grietas cada vez mayores iban invadiendo sus casas en el entorno del colector desde el que se evacúa el agua de bombeo.
El Ejecutivo regional ha mantenido monitorizada la zona desde hace años comprobando cómo los datos recogidos han pasado “de 2008 a 2019 de graves a muy graves” conforme ha ido corriendo por las oquedades bajo tierra “más agua y a más velocidad”.
Así lo reconoció el director general de Infraestructuras, Miguel Núñez, en la comisión de Transportes de la Asamblea el viernes pasado en la que explicó que el objetivo es reducir el nivel del caudal freático y conseguir estabilizar el terreno. Para este último punto se harán trabajos en más de 10.000 metros cuadrados en San Fernando y en el trazado de la L7B.
Actualmente esta infraestructura ha provocado el derribo del inmueble de Calle Presa 4 con Rafael Alberti 1 y 3, y el de tres viviendas unifamiliares –en Presa 29, 31 y 33–, mientras que ha obligado a desalojar los impares de esta misma vía del 17 al 27, los impares del 1 al 11 de la calle Pablo de Olavide, el número 20 de la calle Ventura de Argumosa y el 7 de Rafael Alberti, este último el pasado fin de semana.
Hasta 2019 la inversión regional en rehabilitación de viviendas y en estabilización del terreno superaba los 30 millones. Pero la situación ha ido empeorando hasta elevar el presupuesto solo para 2022 a 7,7 millones de euros y convertir el drama de la 7B en uno de las principales preocupaciones del Gobierno autonómico.
En el último año las declaraciones del consejero de Transportes, David Pérez, al respecto se han convertido en habituales insistiendo en que desde el Gobierno no se está escatimando en ningún recurso –ni económico ni humano–, se están tomando las medidas necesarias y que el principal objetivo es atender a la emergencia social de los vecinos.
De hecho la Comunidad cifra en más de 50 las reuniones que ha celebrado –ya sea el consejero, viceconsejero o directores generales– con los vecinos y en diez las de la Mesa Técnica entre Ejecutivo regional y Ayuntamiento de San Fernando.
La situación de la 7B y sus desalojados llevó, incluso, a la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a enviar una carta a cada vecino afectado para mostrar su “apoyo, afecto y solidaridad”, trasladando las acciones que acometen desde 2008 y haciendo hincapié en la necesidad de conseguir una “solución de futuro” y transformar la ‘zona cero’ en “nuevas dotaciones” dentro de las posibilidades del terreno.
Los vecinos también han movido ficha organizando movilizaciones y llevando sus reivindicaciones a las calles de San Fernando de Henares, a las puertas de la Asamblea de Madrid y hasta al Hospital del Henares durante una visita de la presidenta.
A ellas se ha sumado el alcalde de San Fernando, Javier Corpa, quien ha recordado en declaraciones Europa Press que a lo largo del último año se ha reunido con los vecinos, la Comunidad, el comité de empresa de Metro y con los grupos políticos de la Asamblea.
Su principal objetivo es lograr un Plan Integral que funcione como hoja de ruta con actividades tasadas y con un presupuesto marcado para intentar dar solución a este problema que dura más de una década. “Nosotros intentamos en nuestro ámbito competencial ser útiles a los vecinos”, ha recalcado.
Corpa ha recordado que no solo se trata de las viviendas afectadas, sino también las 441 que están bajo estudio y las dotaciones municipales que la L7B ha arrebatado a San Fernando como el complejo El Pilar o inmuebles de la Concejalía de Educación.
“Ha sido un año muy duro, de muchas lágrimas con vecinos desolados teniendo que irse a un apartahotel y viendo en algunos casos como máquinas entraban y las derrumbaban con sus recuerdos dentro. Un año de mucho dolor en San Fernando de Henares”, ha resumido el regidor.
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