Yolanda Díaz solicitó a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo actuar contra el convenio porque “restringe el derecho de protesta”
MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
La secretaria general de UGT Madrid, Susana Huertas Moya, ha mostrado “respeto” a la firma que una de sus federaciones que participó en el convenio para el personal funcionario y laboral al servicio de la Administración regional, ha pedido “leerlo bien” y ha defendido que “nunca quitarán derechos” a los trabajadores.
Lo ha expresado en una entrevista concedida a Europa Press tras asumir el cargo en el 16º Congreso Regional del sindicato a finales del mes de enero. Huertas Moya ha insistido en que “nunca va a estarse en un sitio donde se rebajen los derechos”.
“No he podido hablar todavía con UGT Servicios Públicos, pero ellos no piensan que se hayan rebajado derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Lo que hay que hacer es leer el acuerdo y entenderlo”, ha apuntado.
La nueva secretaria general ha subrayado que “el sindicato ha llevado a cabo una mejora y reivindicación histórica” para los trabajadores de la función pública. Ha indicado que “entiende que puede haber críticas”, pero ha recalcado que “nunca se sentarán en una mesa donde se quite derechos”.
“Hay que leer bien el documento, eso es lo primero. UGT analiza los documentos y nunca va a quitar derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Ese acuerdo es de una federación y yo respeto la firma”, ha zanjado.
EL ACUERDO
La firma de este acuerdo tuvo lugar el pasado 10 de diciembre en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional. La presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y los sindicatos CC.OO., UGT, CSIF y CSIT-Unión Profesional destacaron que este convenio iba a beneficiar a 40.000 empleados públicos.
En concreto, el Gobierno autonómico invertirá 60 millones de euros en los próximos cuatro años (hasta el 31 de diciembre de 2028) para mejorar las condiciones retributivas, la formación y la carrera profesional. La Consejería de Economía, Hacienda y Empleo defendió que con la duración del convenio “se garantizará la paz social lo que resta de legislatura y casi la mitad de la siguiente”.
Los representantes de CC.OO., UGT, CSIF y CSIT-Unión Profesional subrayaron que el acuerdo había conseguido “un beneficio importante a nivel económico”, incluía la carrera profesional, la jubilación anticipada y un modelo de movilidad permanente, y reconocía “el esfuerzo, el sacrificio y la dedicación de los funcionarios”.
CC.OO., PRIMER SINDICATO EN DESLIGARSE
Sin embargo, el 20 de diciembre, mientras el Pleno de la Asamblea de Madrid debatía el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales, CC.OO. emitió un comunicado para pedir la retirada de dos artículos del nuevo convenio que “podrían vulnerar derechos laborales básicos”. Además, presentó un recurso contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra el acuerdo.
Se refiere al artículo 10 y la disposición adicional décima de este acuerdo. “Las organizaciones sindicales que suscriben el presente convenio se comprometen a no promover durante toda su vigencia, directamente o a través de una de sus federaciones o sindicatos asociados, manifestaciones, campañas o cualquier otra medida de conflicto colectivo que tengan como finalidad o como efecto, directos o indirectos, la modificación de lo acordado, de conformidad todo ello con el principio de buena fe negocial”, explica el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).
De producirse un incumplimiento de lo anterior, y tras la exposición ante la comisión paritaria de los hechos en que se haya concretado el mismo, “la Administración podrá acordar la suspensión de la implantación de la carrera profesional horizontal, incluida la interrupción de sus efectos retributivos”.
Desde el sindicato aseguraron que una vez conocieron el contenido, “CC.OO. hizo las gestiones encaminadas a que se eliminaran los mismos del texto” e instaron a que “se paralizara o se aplazara la firma de dicho convenio hasta que fuera ratificado por las estructuras correspondientes del sindicato”.
YOLANDA DÍAZ PIDE IMPUGNARLO
El pasado 27 de diciembre, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, solicitó a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo actuar contra el convenio porque “abren la puerta” a que en caso de que se convoquen huelgas, concentraciones o manifestaciones por parte de sindicatos firmantes, la administración pueda acordar la “suspensión de la implantación de la carrera profesional horizontal, incluida la interrupción de sus efectos retributivos” del personal a su servicio.
Ante la petición de Díaz, la consejera de Economía, Rocío Albert, cargó contra la ministra por “querer boicotear un convenio firmado por unanimidad con todos los sindicatos que tienen representatividad”. Asimismo, señaló que “el acuerdo cumple con todos los trámites legales previstos para el mismo”.
“Quiere perjudicar a más de 40.000 trabajadores públicos que van a mejorar sus condiciones y que pueden llegar a incrementar su sueldo hasta un 50%. Lo que denuncia es un acuerdo entre dos partes: Administración y Organizaciones Sindicales. ¿Quién es la ministra para tutelar la acción de los sindicatos que han firmado?”, lanzó Albert.
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