MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha instado al Ministerio de Interior a entregar a un solicitante el atestado, información de si está judicializado y una fotografía del cuchillo que portaba un hombre abatido en noviembre de 2021 en Villaverde.
Según figura en la resolución dirigida al departamento de Grande-Marlaska de la información se excluirán aquellas partes que en su caso resulten afectadas por el secreto sumarial, cuestión que deberá explicitarse.
Fue el 5 de noviembre cuando se informó de que agentes de la Policía Nacional habían abatido a un hombre que tras amenazar con un cuchillo a viandantes y conductores en una calle del distrito de Villaverde, hirió a un agente.
Según relataron en su momento desde la Jefatura Superior de Policía de Madrid a la zona donde merodeaba el fallecido acudió un indicativo policial y el sujeto se abalanzó contra uno de los agentes, acorralándole y causándole lesiones en la mano en el arma blanca. Por eso motivo, disparó contra él. Como el hombre no cejaba en su empeño y seguía amenazando con el cuchillo, otros agentes dispararon contra él.
Tras la petición de la información al Ministerio del Interior no se remitió respuesta, por lo que interpuso una reclamación en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Una vez requerido, desde el ámbito de Grande-Marlaska argumentaron que estaba siendo judicializados y que quien desease acceder debía “someterse al régimen contenido en las normas que regulan el modo y condiciones de acceso a la información contenida en las actuaciones judiciales”.
“Cabe reseñar que los atestados policiales no son meros informes o anexos que se adjuntan a la causa judicial, sino que pueden tener también la virtualidad probatoria propia cuando contiene datos objetivos y verificables (…) no es un documento que deba ser catalogado como público, y mucho menos cuando este es remitido a la Autoridad Judicial, que es la competente para el total esclarecimientos de los hechos y quien igualmente determina el secreto o no de las actuaciones”, defendieron en su momento.
Un planteamiento que el Consejo de Transparencia ha rechazado y por lo tanto ha instado tanto al envío del material al requeridor como una copia también a este órgano.
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