Impulsores de la demanda creen que el encuentro de este martes “ha sido una excusa para dilatar el cumplimiento de la ley”
MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
La Consejería de Sanidad de Madrid y los impulsores de la demanda colectiva por el Plan de Riesgos Laborales en Atención Primaria se han emplazado a la vista fijada para el próximo día 10 de abril tras una reunión de trabajo este martes que los sindicatos han visto como “una excusa para dilatar el cumplimiento de la ley”.
En concreto, este martes se ha celebrado una reunión entre responsables del departamento que dirige Fátima Matute y los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad —-Amyts-SAE-SIETeSS, CC.OO., UGT, CSIT Unión Profesional, Satse y CSIF–, junto a la plataforma APSeMueve, que reúne a médicos y pediatras de Atención Primaria, para abordar el Plan de Prevención de Riesgos Laborales.
Estos sindicatos y la plataforma APSeMueve impulsaron una demanda colectiva ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por la desprotección laboral en la Atención Primaria por ausencia de este plan, con una vista que se ha fijado para el próximo 10 de abril y previa a la cual se determinó esta reunión por requerimiento judicial.
En la misma, ha estado presente la viceconsejera de Sanidad, Laura Gutiérrez, así como otros directivos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) y dos asesores legales, mientras que la representación del resto de organizaciones se ha fijado en tres personas por cada una de ellas, aunque los sindicatos acusan a la Consejería de querer limitarla únicamente a una sola.
En un comunicado conjunto al término de la misma, las organizaciones sindicales y APSeMueve ha subrayado que ha sido una “reunión protocolaria y táctica sin contenido” convocada por la Consejería con la pretensión “de convencer a los jueces de que tienen voluntad de cumplir la legislación”. No obstante, en el encuentro, según apuntan, “se ha limitado a apelar a la buena voluntad” de los mismos para que desistieran de la demanda.
Todo ello, han indicado, “mostrando su incompetencia o nula intención de llevar a cabo su obligación de hacer el Plan de Prevención de riesgos laborales al que están obligados”. “Es evidente que todos los directivos y asesores de la consejera, no solo ignoran la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, sino que, además, desconocen su contenido, que en su artículo 39 establece: “El Comité de Seguridad y Salud es el competente para: Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de riesgos de la empresa”, han indicado.
En este marco, los impulsores de la demanda han tramsitido su “malestar” por considerar que “esta reunión ha sido solo una excusa para dilatar la puesta en marcha del Plan de Prevención de Riesgos Laborales, sabiendo que, en lugar de convocar a los responsables de los sindicatos, debían haber convocado a los Comités de Seguridad y Salud para presentar y debatir el contenido del plan y todas las acciones preventivas que conlleva”. “A pesar de esto, somos conscientes de que el objetivo no era solucionar el problema y que solo se pretendía aportar el acta de la reunión al juzgado”, han añadido.
Por su lado, desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid han recordado que la vista está fijada en el TSJM para el próximo 10 de abril y que el Gobierno regional “sigue trabajando” en el Plan de Prevención de Riesgos Laborales de Atención Primaria.
En concreto, eel pasado 9 de enero se celebró la vista previa, en la que se fijó una nueva cita para el 10 de abril. En la demanda colectiva se pide a la Consejería una indemnización de 5 millones de euros, más 100.000 euros por cada día de retraso en su cumplimiento, por vulneración de derechos fundamentales al carecer de este plan.
En la reunión de este martes, los impulsores de la demanda han transmitido su “firme posición de no consentir que se continúe trabajando en estas condiciones” y han advertido que mientras que el plan no esté en marcha y sea el adecuado para este ámbito asistencial, no retirarán la demanda.
“Todos los sindicatos consideramos que los daños físicos o el deterioro de la Salud Mental de muchos profesionales debe tener una compensación. Por ello vamos a perseguir que, al igual que ocurre con el resto de los trabajadores de cualquier empresa, los profesionales reciban la compensación que les corresponda en cada caso, para minorar los gastos que la Administración les ha producido y que son fruto de su negligencia”, han recalcado.
Según han denunciado, la Comunidad no les ha aclarado si cuenta con presupuesto específico para afrontar este plan ni cuál es su posición respecto al motivo de la demanda. “Desde la Administración no han planteado siquiera una hoja de ruta ni una propuesta en firme que marque cuáles van a ser las acciones que van a tomar para revertir la situación”, han censurado.
En este marco, han hecho un llamamiento a los juzgados implicados “para que no olviden que los profesionales del Servicio Madrileño de Salud son trabajadores y el Sermas es un organismo público que incumple la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y cuya negligencia debe ser sancionada”.
DESPROTECCIÓN DE LOS 15.000 TRABAJADORES DE AP
Los seis sindicatos y la plataforma APSeMueve llevaron a cabo esta iniciativa ante la “desprotección” a los 15.000 profesionales de Atención Primaria (AP) derivada de la ausencia de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales, con incumplimiento “grave y reiterado” de la ley de 1995 que le obliga a ello.
Según se apuntó en una rueda de prensa para presentar esta medida, se han logrado más de un centenar de sentencias condenatorias por distintas vías judiciales y distintas cuantías indemnizatorias contra la administración que les dan la razón en este asunto desde que se comenzaron a pleitear.
Entre ellas, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) fijó criterio en el caso de un médico, al que reconoció una indemización de 8.000 euros. Según concluyó el alto tribunal, “la omisión de la prevención de la salud” del personal sanitario “no es cualquier infracción”, sino que se trata de un “incumplimiento muy grave” y puede suponer una vulneración del derecho fundamental a la integridad física.
En base a esta cantidad máxima de 8.000 euros, si los 15.000 profesionales de Atención Primaria presentaran demandas individuales, la indemnización que tendría que afrontar la administración superaría los 120 millones de euros. De momento, según los equipos jurídicos de estos colectivos, hay más de un millar de reclamaciones en curso.
La Consejería de Sanidad ha recordado que se dispone de Plan de Prevención de Riesgos Laborales desde 2019, dotado de 197 medidas. La planificación preventiva (las medidas concretas a implantar) se vieron frenadas por la pandemia en 2020 pero a día de hoy se continúa trabajando con una planificación “concreta y exhaustiva” durante todo este periodo, ya que los planes “se actualizan y enriquecen cuando es necesario hacerlo”.
Según la Consejería, el Plan Psicosocial y de protección laboral se presentó a los sindicatos en un comité extraordinario celebrado el pasado mes de junio, y reiterado de nuevo en una convocatoria especial del Comité de Seguridad y Salud de Atención Primaria, celebrado el pasado mes de octubre. Además, recuerdan, en enero se planteó a los sindicatos, en el Comité de Seguridad y Salud, que realizaran y aportaran sus propuestas para enriquecer aún más el Plan, pero no contribuyeron con propuesta alguna.
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