Se le acusa de presionar al propietario de una finca para que se la cediera o vendiera a una empresa
MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía de Madrid solicita tres años de prisión para el exalcalde de Guadarrama José Ignacio Fernández Rubio (PP) y para el que fuera su teniente alcalde por la presunta comisión de un delito continuado de prevaricación al presionar al propietario de una finca para que se la cediera o vendiera a una empresa.
El juicio se celebrará este lunes en la Audiencia Provincial de Madrid. El fiscal les acusa de haber presionado al propietario de una finca para que se la cediera o vendiera a una empresa en la que el regidor era su abogado y su mano derecha socio.
En enero de 2020, la Audiencia de Madrid absolvió a Fernández Rubio de un delito de prevaricación administrativa en relación con la permuta de un terreno de una empresa por otros del Ayuntamiento y sobre la que el dueño denunció que no recibió compensación económica.
En cuanto al nuevo juicio, la víctima del delito, tras ser reconocida por un médico forense, presentó un cuadro clínico “compatible” con el diagnóstico ansioso depresivo, consecuencia de la presión a que fue sometido.
PRESIONES AL DUEÑO DE UN RESTAURANTE
El escrito de la Fiscalía recuerda que en 2007, durante el mandato de Fernández Rubio, se llevaron a cabo una serie de conductas de forma “continuada” y en “connivencia” de cara a presionar a J. R. R. a fin de que les cediera o les vendiera una finca de su propiedad colindante con otra propiedad de Golden Hipotecario S.L. de la cual el regidor era abogado y su número dos en la Alcaldía era socio.
En la citada finca se hallaba ubicado el restaurante El Molino. A criterio de la Fiscalía, ambos acusados bien mediante llamadas de teléfono, “continuas” inspecciones de los Agentes de la Policía Local, interposición de demandas civiles contra el propietario o bien mediante la denegación de permisos, paralizaban cualquier trámite que J. R., R. solicitaba al consistorio.
De este modo, ambos acusados ordenaron a A. V. V., en su condición de Jefe de la Policía Local del Guadarrama, que diera la orden a sus agentes para que vigilaran continuamente la finca de J. R. R. y denunciaran cualquier irregularidad. Para este acusado la Fiscalía pide dos años de prisión por un delito continuado de coacciones.
El 5 de abril de 2007 el exregidor llamó de nuevo al propietario del restaurante, “y con la clara intención de doblegar la voluntad del mismo”, le dijo que tenía que retirar la valla que había situado en la parcela con la intención de que permitiera que dicho terreno fuera utilizado como parking del restaurante el Molino.
El acusado le manifestó que si lo hacía no iba a tener problemas con nada de lo que solicitara al ayuntamiento, pero que de lo contrario iba a denegarle todo lo pidiera, paralizarlo o no tramitarlo y que, además, “crearía una sociedad con el fin de demandarle hasta que se cansara o se arruinase así como que tendría a la policía allí continuamente para que no pudiera mover ni una piedra”.
Asimismo, la Fiscalía recuerda que entre los meses de enero a diciembre de 2007, las sociedades Golden Arquitectura de Inversiones y Golden Hipotecario interpusieron cuatro demandas civiles contra J. R. R. en las que en tres de ellas intervino como abogado J. I. F. R. “con el fin de desposeer al mismo de su finca y obligarle a realizar importantes desembolsos económicos”.
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