Afectados por VUT temen una nueva norma “más laxa” pero Cibeles avanza que endurecerá las sanciones
MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
La ola de pisos turísticos ilegales está “desbordada” en la capital, con únicamente 277 con licencia de actividad sobre unos 25.000 anunciados, una situación que provoca la multiplicación de los conflictos entre los visitantes y la vecindad, que se ve expulsada de sus barrios por la imposibilidad de pagar los alquileres y que genera además inseguridad, ruido y suciedad, escalando hasta llegar a las agresiones porque “la gente está muy cabreada”.
La Oficina de Afectados por las Viviendas de Uso Turístico, con sede en la Asociación Vecinal La Corrala, en el 38 de la calle Lavapiés, suma hasta el momento una treintena de casos judicializados por agresiones en el conflicto entre residentes y ‘vuteros’.
“Esto ya no es sólo una cosa del centro. Se ha desbordado”, ha descrito Víctor Rey, uno de los portavoces de la oficina vecinal en declaraciones a Europa Press. Ruido, trasiego de personas desconocidas a deshoras, uso intensivo cuando no inadecuado de los espacios comunes de los edificios (los portales como almacenes de maletas), suciedad, inseguridad por el descontrol de copias de llaves del portal… la explosión de los pisos turísticos ilegales va de norte a sur y de este a oeste de Madrid, “de Villaverde a Barajas”.
La almendra central de la capital se lleva “el premio gordo” pero esa oferta ilegal ha ido apareciendo y aumentando en otros distritos de Madrid, donde las viviendas turísticas han crecido exponencialmente, como en Chamberí, Arganzuela o Retiro.
400 FRENTE A 277
De octubre, cuando echó a andar, a mediados de febrero la Oficina había atendido 196 casos de particulares y comunidades de propietarios con VUT en sus edificios, más de la mitad del distrito Centro. Desde entonces han registrado una auténtica explosión disparando los casos atendidos hasta los 400 “y de todo Madrid, de Villaverde Alto a Barajas”.
Esos 400 casos atendidos por la oficina vecinal contrastan con las 277 licencias de funcionamiento según los datos de febrero de la Agencia de Actividades. “Son bastantes más pero, en todo caso, muy alejadas de las 13.000 o 14.000 que deben estar funcionando”, reconocía el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en comisión.
“El 98% son ilegales”, insisten desde la oficina ciudadana. Entidades vecinales y oposición calculan las viviendas turísticas existentes entre entre 26.000 y 28.000. Incluso se ha apuntado que una sola plataforma reúne hasta 25.000 anuncios.
PRÓXIMA ESTACIÓN, VUT
¿Qué tiene en común la explosión de pisos turísticos en General Ricardos (Carabanchel) y Nueva Numancia (Puente de Vallecas)? “El Metro”, identifica Víctor Rey. La razón es que los pisos turísticos tienen conexión con la conexión que ofrece el suburbano, lo que permite llegar al centro en pocos minutos. “Todo esto es una ola desbordándose y no para de crecer”, ha advertido Rey.
Denuncian desde la herramienta ciudadana que, a pesar de que el 98% de los pisos turísticos de la capital son ilegales por carecer de una licencia de actividad adecuada, el Ayuntamiento ha cerrado hasta la fecha “un número irrisorio”.
El propio Carabante detallaba en el Pleno celebrado este viernes que las 4.093 inspecciones del Ayuntamiento de Madrid se habían saldado con la detección de 478 viviendas turísticas sin licencia mientras que otras 243 habían recuperado su uso original en los últimos años.
“SÁLVESE QUIEN PUEDA” Y “BRINDIS AL SOL”
Lo que ponen de relieve las entidades ciudadanas es la inexistencia de registros oficiales cuando debería ser la base para hacer frente al problema y buscar soluciones. “Esto es la ley de la selva, el sálvese quien pueda”, lamenta Víctor Rey.
Con una nueva normativa anunciada por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que iniciará los trámites para su aprobación a finales de abril, lo que demandan las asociaciones vecinales es que se cumpla el vigente Plan Especial. “Lejos de aplicar la normativa, el Ayuntamiento no hace nada, ha huido de esta situación”, se lamentan desde la oficina.
Las asociaciones vecinales La Corrala de Lavapiés, Sol y Barrio de Las Letras y Las Cavas-La Latina, por su parte, han contestado a Martínez-Almeida que no necesitan nuevas normas sobre pisos turísticos sino “que se cumplan las existentes”.
TEMEN UNA NORMA “MÁS LAXA”; ALMEIDA DICE QUE SERÁ MÁS DURA EN SANCIONES
No esperan mucho de la normativa anunciada por Almeida y su equipo, poco más que “un brindis al sol”, en palabras de Rey. “Carecen de un planteamiento de ciudad y están al servicio de un mercado donde los vecinos somos los últimos en su escala de valores”, han lamentado. Temen que la norma por venir sea “más laxa y permisiva para las empresas y operadores” y sólo sirva para empeorar la situación de la población residente.
Almeida, por su parte, acusaba a la izquierda en el Pleno de que con su plan de hospedaje, hoy en vigor, “se multiplicaron las viviendas de uso turístico”, y avanzaba que con la nueva norma “va a endurecer muy considerablemente el régimen sancionador”.
Meses atrás ya se posicionaba en contra de “la prohibición por la prohibición” sino de una “regulación adecuada” después de que, por ejemplo, Nueva York lleve meses aplicando restricciones, de modo que no se puede alquilar por menos de 30 días sin que esté el dueño en el piso.
La Oficina de Afectados por las VUT, por otro lado, añaden una deficiencia más, que los recursos humanos destinados a la inspección son “ridículos”. “Para más inri los servicios de inspección han ido reduciéndose en los últimos cinco o seis años”, han advertido.
También tienen reclamaciones para el Gobierno central porque “la Ley de Vivienda podía haber hecho más”, igual que han aplaudido que el Ejecutivo se muestre receptivo a la introducción de modificaciones. Muy distinto es lo que ocurre en el Ayuntamiento y la Comunidad, “que es de juzgado de guardia”, califican.
UNA OFICINA DE “AUTODEFENSA VECINAL”
La Oficina de Afectados por las VUT (https://aavvmadrid.org/oficina-vut/), concebida como “herramienta de autodefensa vecinal” e impulsada por las asociaciones vecinales de los distritos de la almendra central, echó a andar a mediados de octubre “ante la inacción de las administraciones en el control”. Sus voluntarios atienden los jueves de 18 a 20.30 horas y además han habilitado un teléfono de atención de lunes a viernes de 10.30 a 14 y de 17.30 a 20 horas, el 611 534 786.
Asesoran sobre las acciones que pueden tomar las comunidades de propietarios, facilitan modelos de escritos de queja y demanda e informan de que, por ejemplo, el Real Decreto-ley 7/2019 de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler permite a las vecindades impedir la implantación de nuevos pisos turísticos en sus inmuebles e incrementar las cuotas que pagan sus propietarios. “Trabajamos por las vías legales, que nos van dando la razón. Que tomen nota”, advierten desde la oficina ciudadana.
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