MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
La Dirección General de Economía Circular de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura ha dictado el pasado 20 de septiembre de 2022 una resolución, donde se impone a la multinacional minera Tolsa S.A., una multa de 240.000 euros por una falta muy grave, según el artículo 62.1 de la Ley de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid.
Concretamente, según han informado a Europa Press fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, la sanción muy grave se debe a trabajos de extracción en la parcela 313 del polígono 9 del término municipal de Torrejón de Velasco, “ocupando sin autorización superficie que afecta a las parcelas 54 y 64 del polígono 8 incluidas en el Monte de Utilidad Pública Bomberos de Castilla, sujetos a Evaluación de Impacto Ambiental, sin haber obtenido Declaración de Impacto Ambiental”.
Igualmente, de conformidad con el artículo 19.1 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, la empresa Tolsa S.A., deberá presentar en el plazo de tres meses desde la notificación de la Resolución, un Plan de Restauración ante la Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales de esta Consejería, para reparar el terreno a su estado original.
13 AÑOS DE PERIPLO JUDICIAL
Han pasado 13 años desde que la Asociación Colectivo Espartal-Ecologistas en Acción de Valdemoro denunciara un 08 de junio de 2009, a esta multinacional minera ante al Área de Inspección Ambiental por extracciones ilegales de mineral (sepiolita), en unos terrenos próximos al yacimiento Paleontológico del Cerro de Batallones, en el término municipal de Torrejón de Velasco.
“La inacción del ayuntamiento afectado y la impunidad con la que actuaban las empresas mineras en esta zona del sur de Madrid, facilitó que Tolsa, S.A. iniciara trabajos mineros no autorizados en la parcela 313 del polígono 9, llegando a extraer unos 39.000 metros cúbicos de mineral de alto valor comercial y afectara a terrenos contiguos, pertenecientes al Monte de Utilidad Pública Bomberos de Castilla. Los montes de utilidad pública, de acuerdo a la Ley 16/1995 Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid se consideran de régimen especial, una condición equiparable a un espacio protegido”, aseveran los ecologistas.
Según han explicado en un comunicado, ahora queda demostrado que estos trabajos “carecían de autorización administrativa, ya que no contaban con la preceptiva evaluación ambiental, hecho que queda probado en la Resolución de la Dirección General de Economía Circular”.
La denuncia de esta asociación por la vía Penal, supuso la paralización del expediente sancionador en septiembre de año 2010. No es hasta el año 2019, cuando se celebra juicio oral, en el Juzgado Penal número 3 de Getafe.
En la sentencia queda probado que en el transcurso de la actividad se ha efectuado una ocupación no autorizada de superficie que afecta a las parcelas 54 y 64 del polígono 8 y que formaban parte del Monte de Utilidad Pública Bomberos de Castilla. Por el contrario, no quedó probado que los acusados tuvieran conocimiento deliberado y consciente que su actividad minera afectaba al MUP Bomberos de Castilla.
Agotada la vía de los tribunales, el 1 de octubre de 2021 Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid remitió escrito al Área de Inspección y Disciplina Ambiental para que se iniciara nuevamente el expediente sancionador, el cual ha culminado con la Resolución del día 20 de septiembre, notificada recientemente a la organización.
Ecologistas en Acción de Valdemoro ha mostrado su satisfacción. “Aunque han pasado 13 años y el daño causado es visible a varios kilómetros, finalmente se han demostrado las ilegalidades cometidas por esta empresa Tolsa. Es importante que no queden impunes estos comportamientos inaceptables, que atentan contra el patrimonio natural madrileño”, han concluido.
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