MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
Más Madrid ha pedido este lunes una comisión de investigación para analizar la contratación de obras en centros de Formación Profesional que la Comunidad ha llevado a Fiscalía, ante la que PSOE y Vox han mostrado su apoyo y PP ha deslizado que no la ve necesaria.
Lo ha anunciado la líder de la formación en la Asamblea, Manuela Bergerot, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces. Estos contratos centraron también el choque entre el partido y el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, el jueves en el Pleno, cuando le advirtieron de que harían que fuera a dar explicaciones.
En el texto registrado de pone el foco en la contratación de la reforma del complejo educativo Ciudad Escolar, aduciendo a que las obras alcanzaron un coste total de 2,46 millones de euros que habrían sido troceados en contratos menores. Viciana recordaba a Más Madrid el jueves que ellos trasladaron a Fiscalía este caso “cuando se han detectado indicios de delito” y que volverán a hacerlo en el caso de que se perciban más.
El objetivo, según Bergerot, es poner “luz y taquígrafos” sobre el “caso FP” porque “al menos hay ocho centros afectados y cinco millones de euros en contratos fraccionados para eludir los controles”. “Esta trama recuerda a los años dorados de la corrupción inmobiliaria del Partido Popular, donde unos escuchábamos educación, otros escuchaban contratos a dedo y bolsas de dinero”, ha lanzado Manuela Bergerot.
Al hilo, ha puesto en el foco tanto al presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, como a la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, quienes eran consejero de Educación y viceconsejera de Política Educativa. “Hoy es la responsable de las cuentas de la Comunidad de Madrid como consejera de Hacienda”, ha remarcado Bergerot, quien ha llamado a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, a “dar la cara”.
El portavoz del PSOE, Juan Lobato, ha apoyado esta iniciativa, ya que considera “importante” que se analice “qué ha pasado con los contratos fraccionados incumpliendo la Ley de Contratos del Sector Público”. “No estamos viendo la transparencia y la claridad por parte del gobierno, sería muy lógico que se pueda analizar”, ha apostillado.
También ve positiva la iniciativa su homóloga de Vox, Rocío Monasterio, quien ha cargado, además, contra la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones Públicas, de cuya Presidencia dimitieron tras asegurar que el PP limitaba su acción.
“Nosotros sí queremos saber cómo se han hecho esos contratos, queremos estudiarlo, queremos tener acceso. Si se nos bloquea el acceso, pues efectivamente hay un problema “, ha explicado.
Desde el PP, su portavoz, Carlos Díaz-Pache, ha señalado que existen mecanismos para analizarlo en la Asamblea –aludiendo a esta comisión a pesar del “desprecio” de algunos partidos– y remarcando que fue el Gobierno de Ayuso quien llevó las irregularidades ante la Justicia.
“En esta Asamblea hay instrumentos, en la administración regional hay instrumentos y siempre que se detecta una irregularidad pues se pone en conocimiento de las autoridades que para eso están”, ha zanjado.
LA OPOSICIÓN PIDE MÁS PLAZAS DE FP
También han valorado los distintos portavoces los datos sobre el estado de la FP presentados esta mañana por CC.OO. en los que se refleja que el 52% de los solicitantes de FP en al región han visto rechazada su primera elección.
Rocío Monasterio ha pedido aumentar el número de plazas de FP y ponerla en valor porque “no puede haber chicos en Madrid que se queden sin plazas”. “Esto es un tema fundamental, estamos con un problema de mano de obra formada en muchos sectores, en construcción, en hostelería, y esto no se arregla trayendo inmigración, esto no se arregla con los 2.600 subsaharianos que han entrado en Canarias”, ha planteado.
Lobato por su parte ha exigido a Ayuso que sé “una respuesta” para las “decenas de miles de jóvenes” que no han accedido a la FP mientras el año pasado “el paro juvenil se situó por encima de la media”, mientras que Bergerot ha criticado que la falta de plazas “empuja” a los estudiantes a la privada y “obliga a las familias trabajadoras a tener que pagar hasta 500 euros al mes para garantizar su empleo”.
Por último, Carlos Díaz-Pache ha subrayado que a principio de septiembre había 13.000 plazas sin cubrir aún y que “no es incompatible” que haya personas que no hayan accedido a su primera opción con que “haya plazas para todos los alumnos que se quieran matricular”.
- Te recomendamos -
