Plantea un servicio de asesoramiento jurídico regional ante el “abuso inmobiliario” y el conflicto entre caseros e inquilinos
MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
Más Madrid ha planteado crear un Defensor del Inquilino encargado de velar por sus derechos y estudiar el impacto de la crisis de vivienda en la salud mental de los madrileños.
Así figura en la proposición no de ley (PNL) registrada por el partido, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se plantea la actual situación habitacional como “determinante” en la salud mental.
Esta iniciativa forma parte de las propuestas que el partido lleva haciendo para intentar atajar tanto la crisis de vivienda como sus efectos y lega apenas unos días antes de la manifestación convocada por este motivo por el Sindicato de Inquilinas de Madrid para este fin de semana.
Más Madrid plantea en el texto los “múltiples estudios” que ya constaten el impacto adverso sobre la salud mental que tienen los problemas de vivienda y subrayan también que el hacinamiento es uno de los factores de riesgo “más robustos para la transmisión de enfermedades”.
UN 38% DE LA POBLACIÓN HA SENTIDO ANGUSTIA POR PERDER SU CASA
“Datos recientes de nuestro medio recogen que un 38% de la población ha sentido angustia ante la posibilidad de perder su hogar. Casi 4 de cada 10 personas han experimentado esa sensación, que se agrava en el caso de quienes viven de alquiler: el 67% de quienes tienen una vivienda en propiedad o una hipoteca disfrutan de una sensación de bienestar que cae al 49% en el caso de los inquilinos”, plantea para luego insistir en que la crisis de la vivienda en la región es “una de las principales fuentes de preocupación de los madrileños pero también una importante amenaza para su salud física y mental”.
Ante esto, la formación encabezada por Manuela Bergerot propone en esta iniciativa trece medidas concretas para atajar esta correlación entre vivienda y salud mental.
Entre las propuestas se encuentra la creación de la Carta de Derechos del Inquilino –siguiendo la estela de la ‘Tenants Charter’ de Reino Unido– que recoja “los derechos y servicios mínimos” de este sector y que se cree el citado Defensor del Inquilino –‘Housing Ombudsman Service’ en Reino Unido– con el fin de velar por los “derechos” recogidos en la carta.
VIVIENDA PÚBLICA COMO POLÍTICA ANTISUICIDIO
Plantean también que se realice un estudio de qué peso tiene la situación de la vivienda en los “desencadenantes y precipitantes” de los trastornos mentales atendidos en la red de salud mental al tiempo que se implementa la creación de vivienda pública en los planes antisuicidio y como “acción para la promoción de la salud mental”.
Vinculan también su petición de que se declaren zonas tensionadas con una medición posterior del impacto en la salud mental de los vecinos y sugieren aumentar “drásticamente” el número de pisos supervisados como “alternativa a la institucionalización para personas con trastorno mental grave”.
El modelo de ‘housing first’ especialmente para el sinhogarismo, garantizar la alternativa habitacional a las familias con menores a cargo, y reforzar una unidad de intermediación en desahucios para familias “en situación de vulnerabilidad económica” también forman parte de las medidas sociales que incluye la propuesta de Más Madrid.
Junto a ellas también plantea crear un servicio de denuncia, información y asesoramiento jurídico gratuito “ante el abuso inmobiliario y el conflicto entre caseros e inquilinos”, prohibir la venta de suelo y vivienda pública y ejecutar con “carácter inmediato” el bono de alquiler joven financiado por el Gobierno de España.
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