Críticas durante la Comisión de Educación a la Consejería por su gestión del cierre de las escuelas infantiles ‘Señor Don Gato’ y ‘Tesoros’
MADRID, 17 (EUROPA PRESS)
El Grupo Parlamentario de Más Madrid en la Asamblea regional ha subrayado la “responsabilidad” de los cargos públicos ante las posibles irregularidades en las obras de centros de Formación Profesional en la Comunidad, mientras desde la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades se ha defendido su reacción tras tener conocimiento de estos casos, abriendo varias auditorías y remitiendo la información a la Fiscalía.
Esta cuestión ha protagonizado la sesión de la Comisión de Educación de este martes en el Parlamento autonómico, donde la diputada de Más Madrid Beatriz Borrás ha preguntado al director general de Recursos Humanos, Miguel Zurita, por los motivos por los que la Consejería ha llevado a la Fiscalía estas obras.
Borrás ha apuntado a la “responsabilidad” de los cargos públicos de la Consejería por una investigación que, ha advertido, ya afecta a “ocho centros de momento” correspondientes a “cuatro direcciones de área territorial (DAT) distintas”, por lo que ha sentenciado que, más allá de un episodio puntual, se trata del “modus operandi de la Consejería de Educación”, apuntando también a su anterior titular y actual presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio.
La diputada de Más Madrid ha advertido de que “no basta” con la anunciada promoción de una guía de buenas prácticas para los directores de los centros y ha pedido a la Administración que facilite “toda la información” y apoye su iniciativa para que la Cámara de Cuentas de la Comunidad investigue también lo ocurrido.
Esta pregunta parlamentaria se suma al anuncio realizado por el portavoz del PSOE en la Asamblea, Juan Lobato, quien durante el Debate sobre el Estado de la Región celebrado la pasada semana adelantó que su partido pedirá una comisión de investigación.
Preguntado por esta cuestión durante una visita a un instituto de la capital, el consejero del ramo, Emilio Viciana, ha insistido en que fue “la propia Consejería de Educación” la que detectó esas “presuntas irregularidades” en unas obras y procedió a seguir “todo el procedimiento establecido” para investigarlo.
“Primero se hizo una auditoría a través de la Intervención General de la Comunidad de Madrid y a partir de que se detectaron indicios de posibles prácticas delictivas, como no podía ser de otra manera, dimos traslado a la Fiscalía”, ha insistido Viciana.
LA CONSEJERÍA PROMETE QUE “QUIEN ESTÉ IMPLICADO, SALDRÁ”
En esta línea se ha expresado también durante su comparecencia en la Comisión de la Cámara de Vallecas el director general de Recursos Humanos, quien ha recordado que la Consejería actuó ya en el mes de enero y remitió las primeras informaciones a la fiscalía en marzo, antes de que aparecieran las primeras noticias en los medios, ha recordado para reclamar la “iniciativa” de la Administración en este caso y para sentenciar que la investigación “irá para adelante y quien esté implicado, saldrá”.
El pasado mes de abril se conoció que la Comunidad de Madrid había denunciado ante la Fiscalía presuntas acciones delictivas en la contratación de obras de reforma en Ciudad Escolar, en la que podrían estar implicados varios funcionarios públicos, entre ellos el anterior subdirector general de Formación Profesional, que fue cesado en febrero.
Según pudo saber entonces Europa Press de fuentes del Gobierno regional, la Consejería solicitó a la Fiscalía Provincial de Madrid que investigara la comisión de este presunto delito relacionado con la contratación de unas obras de reforma en el citado complejo educativo ubicado en el distrito de Fuencarral-El Pardo de la capital.
De acuerdo con aquellas fuentes, la Consejería recibió septiembre del pasado año un burofax en el que se solicitaba el pago de una elevada cantidad económica adeudada por obras de reforma realizadas en uno de los edificios de este complejo.
Tras comprobar que en la Dirección General de Infraestructuras de la Consejería no figuraba ningún expediente de contratación de estos trabajos, se solicitó un informe de auditoría a la Intervención General y se abrió una investigación interna para esclarecer las circunstancias de esta reclamación económica.
Con los datos recabados, la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades envió el pasado 13 de marzo un informe a la Fiscalía Provincial de Madrid para poner en conocimiento del Ministerio Fiscal la posible implicación de tres funcionarios en presuntos delitos relacionados con la contratación de estos trabajos. Según las mismas fuentes, entre ellos está el subdirector general de Formación Profesional, que cesó en su puesto.
NUEVAS AUDITORÍAS
En julio el Ejecutivo autonómico encargaba dos nuevas auditorías para investigar posibles irregularidades en obras en centros escolares de la región, que se sumaron a las ya realizadas y trasladadas a la Fiscalía.
Durante la sesión de este martes, el Grupo Más Madrid también ha preguntado al Gobierno regional por el cierre de las escuelas infantiles Tesoros de Arganda del Rey y Señor Don Gato de la capital.
En concreto, la diputada María Pastor ha cargado contra la “gestión” de “esta crisis” por parte del Ejecutivo autonómico, así como contra su “modelo de gestión indirecta” de estos centros a través de empresas privadas con “contratos a la baja”, al que ha achacado estos cierres y que 60 trabajadoras hayan perdido su empleo.
En su primera comparecencia ante esta Comisión tras su nombramiento el pasado mes de julio, el director general de Educación Infantil, Primaria y Especial, Juan Alberto Gutiérrez Romero ha advertido de que se trata de un modelo de gestión “generalizado” en las distintas administraciones y ha defendido la reacción de la Comunidad ante una situación “sobrevenida y excepcional” en la que fue necesario adoptar medidas para “garantizar la escolarización” de los menores afectados por el cierre de ambos centros.
En este sentido, Gutiérrez ha presumido de que actualmente “todos los alumnos” de estas dos escuelas se encuentran escolarizados y atendidos por “personal propio de la consejería”.
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