MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
La delegada del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha calificado esta mañana de “gravísima” la citación como investigada de la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet por la presunta comisión de un delito de infidelidad en la custodia de documento en relación a la supuesta filtración hace unos meses de dos denuncias policiales de agresiones sexuales que se vincularon a migrantes.
Preguntado por este asunto en la rueda de prensa sobre el balance de la criminalidad en la región, Martín ha recordado que hace unos meses señaló que le parecía “tremendamente grave” que ante el anuncio de la llegada de migrantes africanos procedentes de canarias a un centro en Alcalá, su primer edil reaccionara convocando una Junta de Seguridad extraordinaria y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, llevara allí el Consejo de Gobierno “para hacer una serie de denuncias infundadas”.
“En su pelea por tratar de defender aquella decisión tan sumamente mal orientada llegaron a verse publicados en redes sociales de dirigentes del PP documentos policiales que jamás debían estar allí. Eso tiene una gravedad política enorme. Fueron filtrados documentos para sostener mentiras. Es grave la filtración y el objetivo de las mismas”, ha indicado.
El representante del Gobierno central en Madrid espera ahora a las consecuencias judiciales que el caso tenga para la alcaldesa complutense. Mientras tanto, considera que “políticamente tiene una gravedad inmensa y demuestra que están dispuestos a todo para sostener su mentiras en un discurso profundamente racista”.
Por eso, Martín ha exigido “todas las responsabilidades” tanto a Díaz Ayuso como a Piquet, ya que “la investigación señala que lo que salió en redes sociales pudo tener su origen en un filtración de la propia alcaldesa de Alcalá”. “Es gravísimo. Es de una gravedad extrema”, ha concluido.
La semana pasada, el delegado del Gobierno se reunió con Piquet, en calidad de presidenta de la Federación de Municipios de Madrid (FMM). El encuentro se acabó abruptamente al marcharse ella de la sede de la Delegación cuando Martín le recordó que “el acceso, uso y difusión de la información policial es reservada” y que los representantes públicos no han de filtrar documentos, en clara relación a este asunto.
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