MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
La Comunidad de Madrid ha reiterado al juez que instruye el caso FP que acepte su personación en la causa como acusación particular al ser el denunciante y ser perjudicado de las presuntas irregularidades detectadas por la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades en las obras realizadas en algunos centros de Formación Profesional de la región.
Así consta en el recurso de reforma, al que tuvo acceso Europa Press, interpuesto por la Abogacía de la Comunidad de Madrid contra la providencia dictada el pasado 4 de marzo por la que se desestimó la petición del Gobierno regional.
Se reclama que se acuerde revocar la referida providencia, “al no ser ajustada a Derecho, disponiendo, en su lugar, la admisión de la personación en calidad de acusación particular de la Comunidad de Madrid en el procedimiento penal por las razones jurídicas expresadas”.
En el recurso, recuerda que el procedimiento se sigue por hechos, “no solo denunciados por la propia Comunidad de Madrid, sino que le afectan en sus bienes jurídicos protegidos, al incidir en sus procedimientos administrativos reglados y también en su patrimonio, como consecuencia de las anomalías de los procedimientos administrativos objeto de investigación”.
Ello, según el escrito, hace que la providencia impugnada “precise de una expresión externa por parte del Juzgado del motivo por el que, pese a ello y ser la Comunidad de Madrid, ex lege, la administración pública perjudicada por hechos que presuntamente son constitutivos de un delito de prevaricación administrativa, se le deniega su rol procesal como acusación particular, de tal modo que resulta imposible conocer la razón de ello”.
El pasado mes de febrero, la Comunidad de Madrid presentó un escrito para personarse en la causa y poder ejercer la acusación particular en el procedimiento en concepto de perjudicado.
Desde el Ejecutivo madrileño recordaron que la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, en marzo del pasado año 2024, envió un informe a la Fiscalía Provincial de Madrid para que investigara las presuntas irregularidades detectadas en las obras de reforma de un edificio del complejo educativo Ciudad Escolar y la implicación en las mismas de distintos funcionarios públicos.
Fue la propia presidenta, Isabel Díaz Ayuso, la que avanzó que el Ejecutivo madrileño se iba a personar cuando la instrucción lo permitiera. En concreto, reivindicó que fue el Gobierno autonómico quien acudió a Fiscalía para “investigar irregularidades detectadas” en varios centros ante la posibilidad de que se hubieran “fraccionado contratos”.
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