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Los trabajadores de Ayuda a Domicilio en Madrid han comenzado una huelga indefinida con el objetivo de mejorar sus condiciones laborales

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El delegado de Políticas Sociales esgrime que están en la fase de buscar financiación y culpa al Gobierno central de la falta de ayuda económica

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Trabajadores del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), tanto de la Comunidad de Madrid como del Ayuntamiento, han iniciado este miércoles una huelga indefinida para exigir la actualización de los pliegos de contratación que permita una mejora de sus condiciones laborales.

Así lo ha confirmado la responsable de Ayuda a Domicilio de UGT, Lola Juárez, a Europa Press. Esta decisión se ha tomado tras varias jornadas de paro durante las Navidades que no han servido para acelerar la actualización reclamada por parte de este servicio, en el que trabajan mayoritariamente mujeres.

Juárez ha justificado las dificultades de los trabajadores para secundar la huelga por la vulnerabilidad económica de los mismos. “Somos un sector muy precario económicamente, con jornadas muy precarias para poderte llevar 1.000 euros. Así que hemos dicho basta, no les vamos a pasar ni una, pero ni a las administraciones, ni a las empresas, ni a nadie”, ha protestado.

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El principal objetivo, tal y como han reiterado en varias ocasiones durante los últimos meses, es acelerar la actualización de unos pliegos que, según explican, son “imprescindibles” para poder beneficiarse de las mejoras laborales.

Sin la actualización de estos, las empresas no pueden adoptar el nuevo convenio pactado en el que se recoge, entre otras cuestiones, un aumento salarial del 10%, así como una mayor seguridad laboral para aquellos trabajadores con contratos temporales. El SAD cuenta con unos 17.000 trabajadores, según las cifras de UGT, y el salario es cercano a los 1.080 del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Los pliegos actuales se aprobaron en 2020 y su duración prevista era de tres años, aunque existe la posibilidad de prorrogarlos hasta cuatro años más, según han esgrimido desde UGT, uno de los sindicatos convocantes de la huelga indefinida. El nuevo convenio tiene una vigencia de cuatro años, desde 2024 a 2028.

RESPUESTA DE LAS ADMINISTRACIONES

Tanto la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, como el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, han respondido a estas quejas sobre la renovación de los pliegos de forma similar.

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Por un lado, Fernández ha explicado que se encuentran en la fase de buscar la financiación adecuada para la elaboración de los pliegos. “A mí no me gusta engañar, estamos en esa fase, que ya va muy avanzada, y por tanto estamos trabajando para hacer los pliegos. Lo que sí que puedo trasladar es que cumplirán todas las condiciones que marca el convenio laboral”, ha declarado este miércoles tras visitar el CEIP Ciudad de Guadalajara, en la capital de la región.

Esta posición coincide con la expresada por la consejera a mediados de diciembre, cuando argumentó el retraso en la aprobación por su “procedimiento administrativo”.

Por otro lado, ambos dirigentes han culpado al Gobierno central de no otorgarles una financiación adecuada para paliar el déficit económico. “La dependencia es una inversión que tiene que realizarse por parte del Estado también y en el caso de la Comunidad de Madrid hay una infrafinanciación”, ha remarcado Fernández.

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Una posición idéntica a la de la Consejería que dirige Ana Dávila, que responsabilizó al Gobierno central de no otorgar la suficiente financiación económica para sustentar el incremento de horas de los trabajadores del SAD que se recoge en el Real Decreto 675/2023 sobre las personas en situación de dependencia.

“Sánchez aporta tan solo el 29% de la dependencia de Madrid, cuando tendría que estar financiando el 50%. Y eso supone que, desde que gobierna, le debe a los madrileños en dependencia 2.000 millones”, argumentaron desde el departamento que dirige Dávila.

El delegado de Políticas Sociales, preguntado por la posibilidad de aprobar los nuevos pliegos a mediados de este año, ha advertido de que “la tramitación administrativa lleva más tiempo que el mes de junio”. “Nos comprometemos a que este año tiene que estar”, ha sentenciado.


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