La PNL llega tras la elaboración de un proyecto legislativo, trabajo y múltiples reuniones lideradas por representantes del Colegio madrileño
MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
La Comisión Intercolegial de Criminología de España, que agrupa a los Colegios Profesionales de Criminología del país, ha valorado de forma “muy positiva”, a través de su vicepresidenta, Carmen Balfagón, la iniciativa registrada en el Congreso de los Diputados por el Grupo Parlamentario Socialista, en la que se insta al Gobierno a regular por ley el marco jurídico y laboral del ejercicio profesional de la Criminología.
Se trata de un paso que, a juicio del colectivo, “marca un antes y un después para una profesión con más de más de 20 años de desarrollo académico en España, pero sin el respaldo normativo que le corresponde”.
Según detalla la Proposición No de Ley (PNL), presentada para su debate en la Comisión de Justicia, el Congreso debería instar al Ejecutivo a elaborar un proyecto de ley que recoja, de forma clara y detallada, las funciones, competencias, ámbitos de actuación, requisitos de colegiación, marco deontológico y régimen disciplinario que rigen el ejercicio profesional de la nuestra Ciencia.
El texto pone de manifiesto que “es impensable que no exista un marco jurídico que regule una profesión de tal importancia”, cuya labor incide directamente en la prevención del delito, la convivencia, el análisis de fenómenos antisociales y el diseño de políticas públicas eficaces.
Además, propone que se constituya un grupo de trabajo interinstitucional en el que participen representantes del Ministerio de Justicia y de los diferentes Colegios Profesionales para la redacción colaborativa de un Estatuto General de la Criminología para integrar la voz de los profesionales en el desarrollo normativo de la disciplina.
“Una vez iniciado el camino, esperamos que siga adelante. El reconocimiento de los criminólogos en la sociedad española se ha convertido en una necesidad imperiosa que lo único que puede conseguir es hacer más moderna nuestra sociedad. Todos los criminólogos estamos muy satisfechos con esta iniciativa del PSOE, a la que no dudamos que se sumarán el resto de las fuerzas parlamentarias”, ha subrayado la también decana del Colegio Profesional de Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM), Carmen Balfagón.
MÁS DE 40.000 PROFESIONALES SIN UN MARCO LEGAL
Desde el año 2003, cuando se reconoció oficialmente el título universitario de Licenciado en Criminología en España –posteriormente sustituido por el de Graduado/a–, más de 40.000 personas han obtenido una titulación oficial en esta disciplina en España.
“Sin embargo, hoy en día la Criminología sigue sin contar con una ley que defina su ejercicio profesional, lo que genera inseguridad jurídica tanto para los profesionales como para las instituciones que quieren contratarlos”, señala el CPCM en una nota de prensa.
Esta falta de regulación ha impedido, según el colectivo, que se reserven funciones específicas a los criminólogos/as en los sectores público y privado, lo que a su vez ha facilitado situaciones de intrusismo profesional y ha limitado el desarrollo de esta ciencia aplicada, con gran potencial para contribuir a la mejora de la convivencia y la seguridad en todos los niveles del control social, tanto formal (Policía, Justicia, Prisiones) como informal (comunidades, centros escolares, entidades sociales, etc.).
UNA HOJA DE RUTA CONSTRUIDA DESDE EL TRABAJO COLECTIVO
La Comisión Intercolegial, liderada por el CPCM, elaboró a principios de 2022 una propuesta legislativa detallada para regular la profesión. Desde entonces, sus miembros se han reunido con representantes de casi todos los partidos políticos y entidades relacionadas, y han llevado la iniciativa a diferentes ámbitos, como al propio Congreso de los Diputados, con una IV Jornada-Taller ‘Ciencia y Políticas Públicas relacionadas con la delincuencia’ celebrada hace unos meses.
Ese borrador contemplaba la definición de las funciones propias del criminólogo/a, incluyendo la intervención en áreas como el análisis criminológico de zonas, colectivos o casos individuales; informes periciales y forenses; prevención de conductas antisociales y delictivas; apoyo a la Justicia en la fase de instrucción y juicio oral; mediación y resolución de conflictos; atención a víctimas; reinserción en el ámbito penitenciario y de justicia juvenil; seguridad privada y pública; investigación criminal, docencia e investigación universitaria; prevención de la violencia en las aulas y el entorno educativo; colaboración en oficinas de delitos de odio; y asesoría especializada en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
El proyecto legislativo impulsado también incorpora un código ético, un régimen disciplinario y una delimitación clara de las competencias profesionales, además de definir las modalidades de ejercicio en el ámbito público y privado. El objetivo es garantizar la calidad y especialización de la intervención criminológica, así como proteger a la ciudadanía frente a prácticas inadecuadas por parte de personas sin la formación requerida.
Inspirado en experiencias normativas como la de Portugal, que cuenta desde hace años con una ley que regula el ejercicio de la Criminología, el modelo propuesto busca ser adaptado a la realidad española, estableciendo requisitos académicos (titulación en Criminología) y la colegiación obligatoria para ejercer la profesión.
La comunidad criminológica considera que esta ley será “un hito clave para modernizar el sistema de seguridad, convivencia y justicia en España, integrando el conocimiento científico en la toma de decisiones públicas”. “Con una profesión regulada, los criminólogos podrán ser incorporados de forma estable en plantillas municipales, autonómicas, judiciales o penitenciarias, así como en empresas privadas, centros educativos y proyectos sociales”, concluye Balfagón.
- Te recomendamos -
