CCOO cree que “va en la línea del control parental” y teme que abra la puerta a una “posible censura” y “autocensura” de los centros
MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
Los centros educativos sostenidos fondos públicos en la Comunidad de Madrid deberán incluir antes del 31 de enero en su página web aspectos como su oferta académica, su ideario en el caso de los privados concertados o su proyecto educativo, entre otros.
Así consta en una resolución conjunta publicada con fecha de 4 de diciembre del pasado año y que se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad (BOCM) el pasado 22 del mimo mes por parte de las viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa, sobre la información a las familias que deben contener las páginas de los centros educativos de la Comunidad.
Como figura en la resolución, de la que se ha hecho eco este martes el diario ‘El País’, se trata de dar cumplimiento de la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa de la Comunidad de Madrid, aprobada durante la pasada legislatura con el voto favorable de PP y Vox.
Así, los centros deberán mantener “permanentemente actualizada su información” y “especialmente con antelación al inicio del período de admisión de alumnos” esta información, la cual deberá aparecer en una zona “pública y visible” desde la página de inicio con la denominación ‘Información a las familias’.
En concreto, deberá contemplar la oferta educativa de cada centro; su ideario en el caso de aquellos de titularidad privada; los servicios complementarios que prestan; los programas y proyectos educativos que se desarrollan en el centro; las líneas básicas del proyecto educativo; las normas de organización y funcionamiento, los teléfonos y correos de contacto de la dirección y la administración del centro; el listado y precio de todas las actividades complementarias, extraescolares y servicios complementarios y en el caso de las actividades complementarias, información exhaustiva de las previstas para el curso en vigor, y los resultados del centro en todas las pruebas generales en la que participen los alumnos, como pruebas de acceso a la universidad, pruebas externas de carácter comunitario, nacional e internacional y otras pruebas de evaluación de la Comunidad de Madrid, incluidas las de evaluación del programa Bilingüe español-inglés.
Según han indicado a Europa Press fuentes de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, con la publicación de esta resolución, se da cumplimiento a la Ley Maestra y con ello se busca “obtener toda la información y transparencia” por parte de los centros a la hora de exponer de manera pública los documentos de organización y funcionamiento.
“Las familias tienen que estar informadas una vez que forman parte de un centro educativo, o bien para que puedan elegir así libremente el centro que quieren para sus hijos en el caso que participen en el proceso de admisión”, señalan las mismas fuentes, que recalcan que con la publicación de esta documentación se fomenta “la transparencia, las buenas prácticas y la labor de toda la comunidad educativa”.
CCOO TEME “CENSURA” EN LOS CENTROS
Sobre esta cuestión, la Federación de Enseñanza de CC.OO. en Madrid, advierte de que lo más “delicado y novedoso” de la resolución estriba en lo relativo a las actividades complementarias, que va “en la línea del control parental”, ante lo que teme que se abra la puerta a una “posible censura” y “autocensura” de los centros.
“La inmensa mayoría de los centros públicos tenían publicado ya en sus web información sobre proyecto educativo y los centros privados sobre su ideario”, ha explicado a Europa Press la responsable de Enseñanza del sindicato, Isabel Galvín, quien subraya que “es mucho más exhaustivo lo que exigen ahora”.
Sin embargo, respecto a las actividades complementarias, Galvín remarca que en lo relativo a las tutorías, los centros tendrán que hacer constar “con qué organizaciones se trabaja”, algo que va “en línea del control parental”, ha asegurado la representante de CCOO.
Isabel Galvín también ha puesto el foco en el papel que la inspección educativa puede tener “de posible censura de los centros”, lo que podría “llegar a vulnerar la autonomía de los centros”. “Y lo que sobre todo va a provocar es la autocensura de los centros”, ha apostillado.
Ante esto, el sindicato ha asegurado que está haciendo “seguimiento de este proceso” y recuerda que “no hay denuncias en Inspección” actualmente, pues “la actuación de los profesionales y de los centros, la profesionalidad y la legalidad, están garantizadas”.
LLAMAMIENTO A LA “CONFIANZA” DE LAS FAMILIAS
Por todo ello, Galvín ha hecho una llamamiento a las familias y a la sociedad en su conjunto a “la confianza en el sistema y en el profesorado”, al tiempo que ha instado a “no tener miedo”, al tiempo que ha advertido de que defenderán “a los profesionales que vean vulnerados su libertad de cátedra y a los centros a los que se les vulnere su derecho a la autonomía”.
En cualquier caso, la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC.OO. Madrid subraya la aquiescencia de su sindicato con “la transparencia en la difusión de los proyectos”, algo que “viene de atrás” y que “se ha hecho siempre derivado de las diferentes leyes orgánicas”.
Por último, Galvín ha precisado que esta medida afecta “a todo el equipo directivo”, junto con personal de orientación o de extraescolares, así como de los coordinadores TIC que en Infantil y Primaria “ni tienen horario de dedicación ni reconocimiento retributivo”, con lo que advierte de que en la práctica “muchos centros, dada las plantillas tan escasas, tienen problema de falta de recursos humanos”.
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