“Las vulneraciones de derechos son responsabilidad de la Administración municipal”, acusan
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
La Federación Regional de Vecinos de Madrid (FRAVM), su homóloga en Barcelona (FAVB) y Facua Madrid han presentado este jueves una queja conjunta ante el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, pidiéndole amparo “ante las situaciones de indefensión creadas por el sector económico de la hostelería y los respectivos gobiernos municipales y autonómicos en torno a la utilización del espacio público” con las terrazas.
El presidente de la FRAVM, Quique Villalobos, ha expuesto que las ciudades sufren “un problema principal relacionado con la salud, que es el ruido”, unido a que “progresivamente las terrazas han ido generando una sobreocupación del espacio público, que hacen ciudades más difíciles para la población y menos amables”.
En rueda de prensa junto a la presidenta de Facua Madrid, Marian Díaz, y por streaming con la presidenta de la FAVB, Ana Menéndez, Villalobos ha hecho un llamamiento a Gabilondo para que les ayude a “recuperar la ciudad”. “Uno ya no puede sentarse en una plaza a leer, los niños no pueden jugar al balón, para una persona ciega caminar por la ciudad es casi una gymkhana”, ha descrito.
En la queja, las asociaciones enumeran algunos de los derechos que están siendo vulnerados, como el del descanso como parte fundamental a la integridad física y a la intimidad personal y familiar (artículos 15 y 18 de la Constitución) en relación con el derecho a la protección de la salud (artículo 43). Apuntan al ruido causado por la clientela y por los trabajadores al retirar el mobiliario, agravado por los incumplimientos de horario en la medida que vulnera el derecho fundamental a la protección de la salud.
También han puesto el foco en la vulneración del derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado reconocido en el artículo 45 de la Constitución, relacionado asimismo con el de protección de la salud. En este caso se refieren al consumo de tabaco en las terrazas y a la acumulación de residuos.
Igualmente se remiten a la vulneración del principio de igualdad y no discriminación y del derecho al disfrute en plenitud de los derechos reconocidos en la Constitución a las personas con discapacidad.
“Dichas vulneraciones de derechos son responsabilidad de la Administración municipal, tanto desde el punto de vista de su actuación legislativa al dictar ordenanzas de concesión de licencias del uso del espacio público como desde el punto de vista de su actuación inspectora y sancionadora al no vigilar el cumplimiento de la normativa”, argumentan las federaciones en su queja ante el Defensor del Pueblo.
((HABRÁ AMPLIACIÓN))
- Te recomendamos -
