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La FRAVM solicita establecer restricciones a las viviendas destinadas al turismo, intensificar la supervisión y establecer una Oficina de Reclamaciones

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Más Madrid ve “urgencia” en estas medidas, PSOE cree que “Madrid se ha disparado al pie” y PP defiende la reforma en que trabaja la Comunidad

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha pedido este miércoles en la Comisión de Turismo y Deporte de la Asamblea fijar límites a las viviendas turísticas en la Comunidad, así como reforzar la inspección o crear una Oficina de Reclamaciones.

Éstas son algunas de las principales actuaciones propuestas por el responsable de Urbanismo de la Federación, Vicente Pérez Quintana, quien ha comparecido en el Parlamento regional a petición de Más Madrid.

Pérez Quintana ha citado diferentes medidas a adoptar para hacer frente a la situación generada por la proliferación de este tipo de viviendas de uso turístico, como el incremento del precio de los alquileres, un cambio en la fisonomía y el “clima” de los barrios, la “expulsión de población” de los mismos o los problemas de “ruido, suciedad y convivencia”, la “inseguridad subjetiva” que se genera o la “competencia desleal” que supone para el sector hotelero.

Por ello, han presentado una serie de propuestas, la primera de ellas –que de establecerse considera que “prácticamente todas las demás sobrarían– sería hacer “incompatible” en una misma zona la presencia de vivienda turística y residencial. “Hay que establecer límites por zonas”, ha defendido el representante de la FRAVM, quien ha reclamado, asimismo, que se regule la autorización o el visto bueno por parte de las comunidades de propietarios para la instalación en los inmuebles de viviendas turísticas.

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También ha reclamado el refuerzo de los servicios de inspección de la Comunidad de Madrid y de los ayuntamientos, así como la creación en la región de una oficina de reclamaciones a la que puedan acudir los vecinos afectados, incluido un teléfono disponible “las 24 horas”.

Vicente Pérez Quintana ha explicado que esto “ya existe” en otras regiones y ha pedido celeridad a la hora de trasponer a la normativa estatal, autonómica y municipal el próximo reglamento europeo que se prevé aprobar en este trimestre sobre las viviendas de uso turístico.

ENTRE 17.000 Y 25.000 VIVIENDAS TURÍSTICAS EN LA COMUNIDAD

El representante de la FRAVM ha recordado que, según datos del Instituto Nacional de Estadística, el número de viviendas turísticas en la Comunidad de Madrid rondaba en agosto las 17.000, frente a las 25.000 que calcula la plataforma Airbnb, aunque se ha inclinado más por la primera de las fuentes.

Unas cifras que, como ha alertado Pérez Quintana, se concentran en un 80% en la capital, especialmente en su almendra central y en el distrito Centro, con secciones censales donde el porcentaje de vivienda turística llega a oscilar entre el 20 y el 30%.

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Por todo ello, el representante de la Federación ha instado a regular este mercado y ha desvinculado su petición de cualquier atisbo de “turismofobia”, a tenor de la “importancia” que el turismo tiene para la economía española.

Sin embargo, sí ha pedido a los diputados autonómicos ponerse “en la piel de los vecinos” que soportan llamadas a sus porteros automáticos “a las tres de la madrugada”, ruidos de “maletas arrastradas por las escaleras” a horas intempestivas o “bolsas de basura” dejadas en los portales por los inquilinos al marcharse, en unos vecindarios, ha remarcado, donde suele habitar “gente mayor”.

Ante este testimonio, la diputada de Más Madrid –grupo que ha solicitado la comparecencia– Alicia Torija ha subrayado la “sensación de urgencia” de estas medidas y ha pedido que se encaje en la modificación del decreto que regula esta actividad y que está abordando el Ejecutivo autonómico.

Sobre esa modificación prevista ha incidido la parlamentaria del PP Ana Gómez, destacando que está previsto que incluya “la prohibición de realizar actividad turística en las viviendas ubicadas en inmuebles cuyos estatutos de la comunidad de propietarios contengan la prohibición genérica de actividad económica o concreta de actividad de uso turístico”, así como de realizar esta actividad en viviendas de protección pública.

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También se incluirá, ha enfatizado, la obligación de alta de oficio de las viviendas de uso turístico en el registro de empresas turísticas, que hasta ahora era voluntaria.

Por su parte, la socialista Mar Espinar ha cargado contra la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital por su “inacción” ante esta “proliferación” de viviendas turísticas, destacando que “Madrid se ha disparado al pie” al no respetarse “la dignidad vecinal de los madrileños”.

Finalmente, el diputado de Vox Jorge Cutillas ha reconocido las “repercusiones negativas” derivadas de una “proliferación descontrolada” de la oferta de vivienda turística en manos de “grandes tenedores” y no de pequeños propietarios, por lo que se ha mostrado favorable a la fijación de “un número máximo de viviendas bajo un mismo propietario”, medida que permitiría “luchar contra la especulación inmobiliaria, la oferta ilegal y la actividad clandestina”.


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