El abogado de Jesús Pradales pide el sobreseimiento por un defecto procesal en la prórroga de la instrucción
MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía de Madrid y la familia de Juana Canal, la vecina de Ciudad Lineal que desapareció en 2003 y cuyo crimen se resolvió 19 años después, han solicitado esta mañana durante una audiencia preliminar la apertura de juicio oral contra Jesús Pradales mientras que su defensa ha solicitado el sobreseimiento por considerar que se han incumplido los plazos procesales en la instrucción.
Las partes personadas han acudido esta mañana al Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid para asistir a la audiencia que marca el procedimiento por jurado que tiene como objeto final decidir sobre la apertura del juicio oral.
El fiscal y el letrado Juan Manuel Medina, que ejerce la acusación particular en nombre de la familia de la víctima, han solicitado la apertura de juicio oral mientras que la defensa reclama el archivo por un defecto procesal al considerar que no se han cumplido los plazos estipulados en relación a la prórroga de la instrucción.
Por este motivo, el letrado solicita la nulidad de las diligencias acordadas con posterioridad al 23 de noviembre de 2020, lo que engloba su detención y su declaración ante la jueza.
En la vista, se iba a llevar a cabo el cotejo de las conversaciones pinchadas al investigado pero finalmente está diligencia ha quedado pendiente. Los investigadores pincharon el teléfono del único investigado en la causa cuando se encontraron los restos óseos en la zona donde desapareció Juana, una finca familiar del investigado.
En uno de los diálogos con su actual esposa, del 30 de septiembre de 2022 a las 14:48 horas, ésta le advierte de que su nombre aparecía en los medios como sospechoso y le pregunta: “¿Y ahora qué hago yo?”, a lo que el responde bromeando que “muchas lentejas”.
En octubre de 2022, Jesús Pradales manifestó ante la jueza que la víctima le amenazó con clavarse un cuchillo y culparle en el transcurso de una discusión en la que habría fallecido de forma accidental tras golpearla para evitar una agresión.
El crimen se resolvió entonces tras localizarse sus huesos en una finca en Ávila, lo que llevó a los investigadores a la detención de Jesús en octubre. Los restos aparecieron en mayo de 2019 pero hasta junio de 2022 no se comunicó a la familia este hallazgo.
Tras su detención, un juez de Ávila acordó su ingreso en prisión provisional, pero se inhibió a favor de los juzgados de Madrid al entender que los supuestos hechos delictivos tuvieron lugar en el partido judicial de la capital.
15 AÑOS DE CÁRCEL
En sus calificaciones, el fiscal solicita 15 años de cárcel por un delito de homicidio con la agravante de parentesco. La familia de la víctima, a través del letrado Juan Manuel Medina, solicita la misma pena de prisión que el fiscal pero le suma la circunstancia agravante de género.
Frente a ello, el abogado del investigado considera que del relato de los hechos de su cliente no se desprende la comisión por parte de Jesús Pradales del delito de homicidio por el que se formula acusación.
Así, entiende este parte que no existe actividad delictiva por su parte y por tanto no concurre fijar pena alguna. No obstante, de forma subsidiaria pide que se aprecie en e homicidio las atenuantes de confesión y dilaciones indebidas.
NULIDAD DE DILIGENCIAS
Dentro del escrito, el letrado interesa la nulidad de las diligencias acordadas con posterioridad al 23 de noviembre de 2020. Esgrime que por auto de 26 de septiembre de 2019 se acordó declarar compleja la instrucción de la causa “fijando en dieciocho meses el plazo de duración de tramitación de la misma, plazo que se computará desde la fecha del auto de incoación”, auto de incoación de fecha 23 de mayo de 2019.
“Es incuestionable la falta de validez y nulidad de las diligencias”, alega la defensa como consecuencia a que no hubo resolución que prorrogase el período de instrucción, lo que “imperativamente conlleva la falta de validez y nulidad de todas las diligencias acordadas con posterioridad a dicha fecha de 23 de noviembre de 2020 en la que finalizó el plazo de duración de tramitación de la causa”.
El relato de los hechos formulado por la defensa difiere completamente al de las acusaciones, que sostienen que la mató. Según su versión, el acusado y Juana Canal tuvieron una discusión la noche del 22 al 23 de febrero de 2003 en su piso de la calle Bolmano de Madrid.
Según la defensa, Juana Canal era “consumidora adicta a alcohol y pastillas y se encontraba bajo procesos depresivos”. “Como consecuencia de dicha discusión acudió al inmueble una patrulla de la Policía Nacional, quienes tras entrevistarse con ambos abandonaron el mismo al entender que no era necesaria ni su presencia ni actuación alguna ni contra Jesús ni Juana”, recoge el escrito.
Posteriormente a dicha discusión, según la defensa, y “ante la intención de Jesús Pradales de abandonar dicha vivienda, Juana comenzó a agredirle y golpearle con sus manos y puños con la intención de evitar que abandonase el domicilio, llegando incluso a quemarlo con un cigarrillo”.
Jesús Pradales trató de protegerse poniendo sus antebrazos en la cara y cabeza. En el transcurso de esta situación, Jesús extendió su brazo derecho para repeler y apartar a Juana Canal “sin intención de causar ni daño ni mucho menos la muerte a la misma con dicha acción, perdiendo Juana la estabilidad como consecuencia del impacto y de su probable afectación por el consumo de alcohol y pastillas, golpeándose la cabeza de manera violenta al perder la estabilidad cayéndose al suelo y falleciendo instantáneamente como consecuencia de dicho fortuito impacto mortal”.
Tras percatarse de que Juana Canal había perdido la vida a causa de tal fortuita y desgraciada acción, y ante el evidente temor de que lo acusasen de causar voluntaria e intencionadamente la muerte de Juana al haber estado previamente la Policía como consecuencia de la inicial discusión, “procedió a esconder el cuerpo de Juana Canal en la localidad de Navalacruz, sin manifestar a nadie lo ocurrido realmente”.
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