“Este juicio no ha sido un capricho del juez instructor”, asevera la fiscal
MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía de Madrid ha rebajado la solicitud de penas de cárcel para los acusados de desviar 2,4 millones de euros de fondos públicos de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) a una supuesta ‘Caja B’ al apreciar la concurrencia de la atenuante de dilaciones muy cualificadas por el retraso en la tramitación del procedimiento judicial.
El juicio que sienta en el banquillo al exgerente de la UCM y a otras seis personas, entre ellas una funcionaria, antiguos alumnos y administradores de colegios mayores, ha entrado este miércoles en la fase final con la exposición de los informes previos a que la vista quede vista para sentencia.
En la sesión, las acusaciones y las defensas han anunciado sus conclusiones definitivas, exponiendo sus informes la fiscal y el abogado del Estado. Las defensas solicitan la libre absolución de sus clientes al no existir prueba probatoria, mientras que la fiscal y el abogado del Estado han disminuido su solicitud de condenas.
Los representantes del Ministerio Fiscal y de la Abogacía del Estado consideran que concurren los requisitos para aplicar la circunstancia atenuante por retraso en la tramitación de la causa al estar paralizada entre septiembre de 2019 y enero de 2022. Solicitan en ambos casos un veredicto de culpabilidad al jurado popular y que se repare el daño causado al patrimonio público.
La atenuante de dilaciones indebidas muy cualificadas rebaja en dos grados las penas y se aplica en los casos en los que el retraso no sea atribuible a los inculpados y que no guarde proporción con la complejidad de la causa.
La solicitud de 7 años de cárcel que se solicitaba la fiscal para Dionisio Ramos y su hermana, antigua funcionaria de la universidad, pasa a quedar en 4 años de prisión por un delito continuado de malversación de causales públicos. Y 11 años de inhabilitación para ejercer como cargo público.
Para el resto de los encausados las peticiones de pena quedan en 3 años de cárcel para dos y en año y medio de prisión para otros dos. Los encausados deberán indemnizar 1.169.541,5 millones de euros.
Los abogados defensores han solicitado que se condene en costas a la Universidad Complutense de Madrid y que se aplique la atenuante de dilaciones indebidas muy cualificadas en el caso de que sean absueltos de cara a que sus clientes puedan reclamar indemnizaciones por “el mal funcionamiento de la Justicia”.
“NO ES UN CAPRICHO DEL JUEZ”
En el trámite de informes, la fiscal ha recalcado que el delito continuado de malversación está acreditado al apropiarse los acusados de dinero que pertenecía a fondos públicos de la universidad. “Este juicio no ha sido un capricho del juez porque las cosas realizadas en instrucción han sido revisadas por la Audiencia Provincial de Madrid”, ha destacado.
En la misma línea, ha detallado que los encausados, “de forma consciente, ingresaron dinero publico en una cuenta privada, incumpliendo todos los procedimientos establecidos y realizando unos gastos de esas cuenta, entre ellos mas de un millón de euros, con cheques al portador de los que no se sabe su destino”.
“Con dinero público no se puede hacer lo que hicieron y tiene unas consecuencias. Entre 96 y 2003, la ley establece perfectamente los procedimientos para realizar este tipo de gestiones”, ha reseñado apuntando que era evidente que la universidad podía haber controlado todo mejor frente a las afirmaciones de losa acusados del descontrol que había en la contabilidad.
“NO ES UNA CUESTIÓN DE MORALIDAD”
En su turno, el abogado del Estado ha expuesto al jurado popular que “no se está ante una cuestión de moralidad ni oportunidad sino ante unos hechos acreditados que encajan dentro de un tipo penal, por lo que deben ser condenados”.
“Está acreditado que hubo una distracción de fondos que tendrían que haber ido a finalidades públicas a través de una ocultación de dichos ingresos y a través de la realización de una serie de gastos que no se ajustaban a la normativa”, ha aseverado.
Durante los interrogatorios, los acusados manifestaron que los hechos juzgados formaban parte del engranaje de la maquinaria de gestión de la universidad en aquella época “analógica” y “pedestre”, una etapa en la que reinaba “un descontrol” y “un desastre” generalizado en áreas sensibles de control contable y de tesorería.
La fiscal solicitaba inicialmente 7 años de prisión para Ramos por presuntamente malversar casi millón y medio de euros entre los años 1995-2001, bajo el mandato del entonces rector Rafael Pujol. El resto de acusados afrontaban en un principio penas de entre cuatro y siete años de cárcel.
El exgerente llegó a la Complutense en 1996 tras estar un año en la Consejería de Educación, donde fue secretario general técnico. En 2003, Carlos Berzosa se hizo con el Rectorado y lo destituyó. Dos años más tarde, el rector llevó a la Fiscalía presuntas irregularidades al detectar un supuesto sistema de bonificaciones y sobresueldos con fondos de la universidad.
La fiscal mantiene que Dionisio Ramos era el encargado de controlar y gestionar todos los fondos que ingresaba la universidad, lo que le habría permitido que “se fueran recibiendo fondos en una cuenta corriente cuya finalidad era un manejo injustificado y el uso de fondos para fines ajenos a los propios del centro”.
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