MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
La fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, declarará este jueves en calidad de investigada en el marco de la causa que instruye el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Francisco Goyena por la querella de Alberto González Amador por un supuesto delito de revelación de secretos de funcionario.
Rodríguez Fernández, responsable de la Fiscalía Provincial de Madrid, está llamada a comparecer con el fiscal de Delitos Económicos Julián Salto en relación a la nota difundida el pasado 14 de marzo por la Fiscalía de Madrid en la que se daba cuenta del cruce de correos entre el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso y el fiscal relativo al caso de presunto fraude fiscal que se atribuye a Alberto González.
Las declaraciones tendrán lugar en el transcurso en el que el instructor ha dado traslado a las partes para que se pronuncien sobre un escrito presentado por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el que solicitaba que se inhibiera a favor del Tribunal Supremo al asumir la responsabilidad en la difusión de la nota.
El pasado 13 de junio, testificó ante el magistrado la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, quien declaró que recibió la orden directa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de difundir la nota aclaratoria sobre las citadas conversaciones entre letrado y fiscal.
La fiscal superior de Madrid detalló que recibió la orden directa de dar la nota por parte del fiscal general, ya que ella se negó a difundir el documento al ser incompatible con el deber de confidencialidad pero cumplió el artículo 25 del Estatuto Fiscal.
Dicho artículo establece que “el Fiscal General del Estado podrá impartir a sus subordinados las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de las funciones, tanto de carácter general como referidas a asuntos específicos”.
BUSCA AL MÁXIMO RESPONSABLE
En la investigación abierta, el magistrado trata de investigar a instancias de Alberto González “quién o quiénes fueron las personas físicas concretas que intervinieron en la decisión de hacer público dicho comunicado de prensa y el máximo responsable (en rango) de la carrera fiscal que acordó o dio el visto bueno a la decisión de difundir el comunicado”.
En las diligencias solicitadas, el magistrado pedía que se remitiera relación y copia del soporte original de todas las comunicaciones mantenidas por el Ministerio Fiscal (emails recibidos y enviados) con el abogado de Alberto González Amador con ocasión de la defensa del mismo antes y después de hacerse público el comunicado.
En el auto de admisión de la querella, la Sala estimaba que “sin que pueda entenderse nunca la admisión de una querella como un acto de imputación anticipada, ni una calificación ultimada de los hechos, ha de investigarse el verdadero alcance del conjunto de los hechos relatados en el escrito de la querella”.
“Solamente de este modo puede cumplirse con una finalidad esencial del sumario, tal y como se contempla en el artículo 299 de la LeCrim, y que consiste en la determinación de todas las circunstancias que puedan influir en la calificación de los hechos, siempre que estos revistan indiciariamente carácter delictivo”, señalaba.
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