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La Comunidad simplifica la gestión administrativa de obras públicas en municipios con un valor superior a los 400 millones

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MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La Comunidad de Madrid agilizará la gestión administrativa de las actuaciones y de la contratación de obras públicas en 178 municipios de la región por un valor de contratación superior a los 420 millones de euros.

El Consejo de Gobierno ha tramitado este miércoles dos acuerdos marco y ha propuesto la modificación del propio decreto que regula el actual Plan de Inversión Regional (PIR) 2022/26, con el fin de facilitar la relación entre la Comunidad de Madrid y las corporaciones locales (ayuntamientos y mancomunidades) y las empresas interesadas en estos proyectos, ha desgranado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, en rueda de prensa.

El primero de estos asuntos está relacionado con la adjudicación de las propias obras gestionadas por el Ejecutivo autonómico a través de los diferentes planes de inversión regional. Estas pueden alcanzar un valor total de hasta 396 millones. La Dirección General de Inversiones y Desarrollo Local, dependiente de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, dispondrá así de una herramienta que permitirá “la mejora en la tramitación y ejecución de las distintas actuaciones”.

Está dividido en seis lotes: las tres zonas geográficas (este, oeste y norte) y a su vez se distingue entre edificaciones o infraestructuras y zonas verdes. Cada uno de ellos tendrá un solo adjudicatario en función de criterios económicos y técnicos. Tiene una duración de dos años más dos prórrogas de un año cada una.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico ha iniciado la tramitación del segundo acuerdo marco para la contratación de servicios de redacción de proyectos, dirección facultativa, coordinación de seguridad y salud, así como otros especializados en las intervenciones de esta dirección general incluidas en los planes de inversión regional, por un valor de 26 millones.

Está repartido en cinco lotes con el objetivo de conseguir “la máxima concurrencia entre las empresas, debido al elevado número de contratos que se prevé que se tramiten, permitiendo la entrada a concursos públicos tanto de pymes como de otras sociedades”. En esta ocasión es posible la adjudicación de un contrato público a varios empresarios o profesionales asociados.

De otra parte, la Administración regional ha trasladado a la Asamblea el proyecto de decreto por el que se modifica el Programa de Inversión Regional (PIR), mejorando los procedimientos administrativos de las actuaciones y agilizando la financiación que dirige a los distintos municipios que las gestionan.


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