Dávila pide una reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales para abordar problemas de familias para acceder a productos básicos
MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha traslado al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, su preocupación “cada día mayor” ante la “imposibilidad” de que se pongan en marcha en el mes de mayo, tal como estaban previstas, las tarjetas monedero para la compra de alimentos por parte de familias en situación de vulnerabilidad que anunció el Gobierno de España y le ha reclamado una reunión “urgente” del Consejo Territorial de Servicios Sociales para abordar “de forma coordinada” con las autonomías los problemas de este colectivo para acceder a productos básicos.
De esta forma se lo ha expuesto la consejera al ministro en una carta en la que le recuerda que en mayo “deberían entregarse las primeras tarjetas” del nuevo programa del Gobierno central para la adquisición de alimentos y productos de primera necesidad, al tiempo que le muestra su “preocupación” que “cada día que pasa” es “mayor” ante “la imposibilidad de su puesta en marcha es, cada día que pasa, mayor.
“Así nos lo transmiten administraciones, técnicos, entidades y familias vulnerables”, señala en la misiva a la que ha tenido acceso Europa Press, un documento en el que explica que esto se debe “principalmente” a que “es un sistema que, de primeras, está abocado al fracaso”, ya que deja “sin posibilidad de obtener alimentos al 70% de las personas vulnerables”, como han manifestado, subraya Ana Dávila, “los propios bancos de alimentos”.
A esto se suma, advierte, “una nueva brecha en la cobertura territorial”, al no disponer de la misma “siete de cada ocho municipios” españoles, “tal y como ha denunciado la Federación Española de Municipios y Provincias” en una carta dirigida a al Ministerio.
“Todo ello a pesar de que el Real Decreto 93/2024 de 23 de enero decía que el nuevo sistema se implantaría en el ‘mes de abril de 2024’ y se haría ‘en todo el territorio, en igualdad de condiciones para todas las personas y familias posibles beneficiarias de esta asistencia'”, lamenta la titular de Asuntos Sociales de la Comunidad.
En este sentido, Dávila recuerda que este decreto se dictó “al amparo de la competencia exclusiva del Estado para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales, conforme al artículo 149.1.1a de la Constitución Española”, por lo que le pide al ministro que rectifique y dé “cumplimiento a los derechos constitucionales mencionados”.
“ENORMES DIFICULTADES” DEL GOBIERNO PARA PONER EN MARCHA LA MEDIDA
“No es casualidad que todavía no se haya puesto en marcha el sistema anunciado, aunque su departamento lo haya publicitado en una nota de prensa”, le reprocha Dávila, quien alude a la reunión del pasado viernes del grupo de trabajo técnico formado por las comunidades autónomas y el Ministerio para tratar este asunto, en la que “quedaron patentes las enormes dificultades que impiden dar comienzo a la implantación del nuevo modelo”.
A esto añade Ana Dávila que “la negativa a participar en dicho grupo de trabajo” de los representantes de la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (UAFSE), dependientes del Ministerio de Trabajo y Economía Social que dirige la vicepresidenta Yolanda Díaz, “no hace sino aumentar aún más la incertidumbre y el caos ante la ausencia de respuestas”.
Por todo lo expuesto, Dávila solicita a Bustinduy que, con “carácter urgente”, convoque una reunión extraordinaria del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para poder “dar solución, de forma coordinada y sin más dilación”, a los “innumerables problemas detectados” para el acceso a los alimentos y productos básicos “de las familias más vulnerables”.
“No hacerlo sería una irresponsabilidad por parte del Ministerio y un fraude con tantos miles de personas que necesitan nuestra ayuda”, concluye la carta de la consejera.
Precisamente el pasado mes de febrero, Dávila anunció la incorporación de una nueva línea de subvenciones para los bancos de alimentos a través de la convocatoria del 0,7% del IRPF y el Impuesto de Sociedades, a fin de que estas entidades puedan mantener su actividad de reparto y facilitar la manutención a los cerca de 100.000 madrileños sin hijos menores que no tienen recursos y que no podrán optar a una de estas tarjetas monedero.
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