MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
La Comunidad de Madrid ha trasladado este miércoles en la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) que la nueva Ley de Servicios Sociales en la que trabaja el Gobierno de España es “redundante” y “de dudosa constitucionalidad”.
Así lo ha advertido la consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, durante la reunión, en la que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha informado a las comunidades autónomas del contenido del anteproyecto aprobado el pasado 17 de enero por el Consejo de Ministros.
“El texto es de dudosa constitucionalidad, confuso, redundante, carece de financiación y no se ha trabajado de manera suficiente con las comunidades autónomas”, ha subrayado la consejera, que ha alertado de que su contenido puede generar “unas expectativas que ni están definidas, ni consensuadas ni dotadas económicamente”.
Según ha informado la Consejería, Dancausa ha reiterado que este texto, con “la excusa de regular unas condiciones básicas de igualdad” en la prestación de servicios en todos los territorios, “invade las competencias exclusivas de las comunidades autónomas en esta materia”.
Además, ha defendido que varios de los preceptos en los que pretende intervenir, como los catálogos de prestaciones sociales, las situaciones de urgencia o emergencia o los sistemas de información social, “ya se están desarrollando por parte de las autonomías”, lo que “convierte en innecesaria esta regulación”.
La consejera también ha exigido al Ministerio que revise el apartado III de la exposición de motivos del texto legal, donde se califican los servicios sociales de “infradotados, precarizados, rígidos, debilitados, fragmentados, poco personalizados, burocráticos, de trato estigmatizante y poco humano y respetuoso”, lo que “además de no ser cierto”, denigra, a juicio de Dancausa, a los profesionales “que los prestan y deja en evidencia al propio Gobierno”.
La nueva Ley impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, establece que las comunidades autónomas deberán acordar en el seno del Consejo Territorial un mínimo común de servicios básicos para todo el territorio nacional, incluyendo las ratios de profesionales, con el objetivo de fomentar la igualdad en el territorio.
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