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La Comunidad considera que la adquisición de la vivienda Orsola implica “ceder ante movimientos okupas” y “agrava” la situación

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MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha subrayado este lunes que la compra por parte del Ayuntamiento de Barcelona de la Casa Orsola, símbolo de la lucha vecinal contra la especulación, supone “ceder a movimientos okupas” y “agranda” el problema.

En declaraciones a los medios en la sede de la Consejería de la calle Maudes, el consejero ha coincidido con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, al remarcar que con este tipo de decisiones “se agranda el problema” y ha advertido que “lo único que va a conllevar es que se siga atacando al derecho a la propiedad, un derecho que también está recogido en nuestra Constitución”.

“Lo que ha hecho en este caso el Ayuntamiento de Barcelona es ceder a los movimientos okupas y esa no es la solución”, ha remarcado Rodrigo, quien ha subrayado que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso “siempre” estará “defendiendo el derecho a la propiedad”.

En esta línea, ha subrayado que la okupación y la inquiokupación son fenómenos que hay que combatir “por todos los medios”. Al hilo, ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez desbloquear la ley antiokupación que presentó el PP en el Senado y que fue aprobada. “Actualmente está en el Congreso, pero la presidenta de la Cámara Baja la tiene secuestrada y no la quiere tramitar”, ha denunciado.

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En una entrevista en ‘Antena 3, recogida por Europa Press, el alcalde de Madrid ha considerado que “no es una buena noticia ceder a movimientos que tienen una naturaleza y una raíz de okupación ilegal como medio para resolver el problema de la vivienda”. “La vivienda no se resuelve desde la okupación ilegal, desde ceder a este tipo de plataformas, sino desde la generación de vivienda”, ha insistido.

El Ayuntamiento de Barcelona, junto a la asociación Hàbitat3, ha comprado al fondo Lioness Inversiones la Casa Orsola de Barcelona. La compra se ha efectuado con una fórmula social y colaborativa impulsada por la entidad del tercer sector, mediante la cual el Consistorio ha pagado 4,8 millones de euros y la entidad 4,3.


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