Una gran parte de los 21 acusados han presentado escritos reconociendo su participación en los hechos
MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
La Audiencia Nacional celebra desde este lunes el juicio por la pieza separada de ‘Gürtel’ referente a las adjudicaciones irregulares de la trama en la localidad madrileña de Arganda del Rey, y que sentará en el banquillo de los acusados al líder de la trama, Francisco Correa, y varios excargos de la localidad madrileña.
Del total de 21 acusados, una gran parte ha presentado ya escritos de reconocimiento de hechos, como es el caso del líder de la trama, Francisco Correa, y de su mano derecha, Pablo Crespo. Las conformidades con la Fiscalía Anticorrupción agilizarán el juicio, que inicialmente está señalado hasta finales del próximo mes de abril.
En uno de esos escritos, a los que ha tenido acceso Europa Press, Crespo relata -en línea con la política de colaboración que viene prestando-que dirigía las empresas del grupo Correa, coordinando y dando “las instrucciones a quienes dirigían de derecho estas compañías”, recibiendo a su vez las directrices del propio líder de la Gürtel.
“Yo tenía conocimiento de la entrega de dádivas y cantidades en efectivo a las personas investigadas en esta causa”, asegura Crespo, que se refiere en concreto a otros tres acusados: al exalcalde de Arganda Ginés López Rodríguez; al que fuera teniente de alcalde y diputado en la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco; y al que fuera responsable de Sociedad de Fomento y Desarrollo Juan Fernández Caballero.
Crespo, además, sostiene que “las entregas en efectivo a los dos primeros las hizo siempre personalmente Correa” mientras que él se “encargaba más directamente de las dádivas de otro tipo, ya fuera en viajes o en asuntos que tuvieran que ver con la asunción de costes por parte de las empresas” que administraba.
EL BANQUILLO DE LOS ACUSADOS
Fue en septiembre de 2019 cuando el entonces magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata envió a juicio oral a 21 investigados por esas adjudicaciones en el municipio entre los años 1998 y 2009. El juez impuso entonces fianzas de hasta 80 millones de euros para algunos de ellos por la cuantía de las multas que afrontarán de ser condenados.
En concreto, en el auto dictado por De la Mata, imponía 78 millones de euros de fianza para Correa y Crespo, y 79,1 millones al empresario de la construcción Fernando Martín, por las actividades desplegadas en casi una década para enriquecerse ilícitamente manipulando la contratación pública y con cargo a los fondos de las entidades municipales de la localidad madrileña.
En el banquillo se sentarán además el hermano de Benjamín Martín Vasco, Joaquín, la exdiputada madrileña María Josefa Aguado, así como empleados en empresas públicas de esta localidad Juan Fernández Caballero (Sociedad de Fomento y Desarrollo), César Tomás Martín Morales (Suelo) y Álvaro García del Río, Isaac García Requena y José Ramón Gutiérrez Villar (Fomento).
De parte de las empresas de ‘Gürtel’, serán juzgados el contable de la trama, José Luis Izquierdo; así como la administradora del Grupo Correa Isabel Jordán, el ‘cerebro financiero’ Ramón Blanco Balín –a quien el juez impone 75 millones de euros de fianza– y Pablo Collado Serra, exgerente de la Fundación Baleares Sostenible y empleado de una de las empresas de Correa, Easy Concept.
También serán juzgados los empresarios Luis Bremond, José Luis Martínez Parra, Manuel Salinas y Amando Mayo, estos dos últimos con fianzas de 75 y 80 millones, respectivamente; el exresponsable de Constructora Hispánica Alfonso García Pozuelo y las mercantiles Special Events, Easy Concept, Good & Better, Diseño Asimétrico, Servimadrid Integral, Teconsa, Constructora Hispánica y Martinsa.
UNA “BANDA” CON “AFÁN DEPREDATORIO”
En esta pieza separada se investigó un complejo entramado societario presuntamente encaminado a la obtención de adjudicaciones de contratos públicos de forma irregular a cambio o con ocasión de la entrega a funcionarios y autoridades con competencia en el ámbito de la contratación pública, de valiosos regalos o importantes cantidades de dinero.
Los juzgados lo serán por delitos de prevaricación, delito continuado de fraude a las administraciones públicas, continuado de cohecho pasivo, continuado de falsedad en documento mercantil, continuado de cohecho activo, contra la Hacienda pública, insolvencia punible y malversación de caudales públicos.
Según explicaba De la Mata en el auto de apertura de juicio oral, los investigados se pusieron de acuerdo para defraudar a las entidades públicas de Arganda del Rey y de forma señalada al propio municipio y la Sociedad de Fomento, para lo que intervinieron en la sucesión de actos de planificación y ulterior ejecución de la “actividad depredatoria” que entre todos realizaron.
El juez situaba al exalcalde, junto con Martín Vasco y Fernández Caballero, en una posición privilegiada en la administración pública en Arganda y con competencias muy relevantes en el área de contratación. El magistrado señalaba que esto permitía a la red asegurar que los contratos “se adjudicaran conforme a los designios de la banda”, causando “enormes perjuicios al ente público”.
Mientras, el resto de investigados que ocupaban puestos en las sociedades municipales de Arganda colaboraron aportando informes técnicos o de valoración dando el visto bueno a procedimientos y facturas y pagos que beneficiaban al conjunto de la trama.
La gente de Correa, por su parte, “corrompió activamente” a los cargos públicos con sus promesas y dádivas, siempre según el juez, “hasta comprometerlos como miembros de la comunidad criminal” de forma que llegaron a un acuerdo “permanente y sistemático” para el desfalco del ayuntamiento y sus sociedades públicas.
Por último, los empresarios contribuyeron para conseguir que los contratos públicos les fueran adjudicados, para lo que presentaban las ofertas ya amañadas, sabiendo que serían los adjudicatarios, con precios desorbitados, plazos de cumplimiento imposibles o con conocimiento previo de las condiciones de los pliegos, y con “comisiones millonarias” de por medio.
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