MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha criticado que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, haya utilizado su comparecencia en el Senado para “amenazar” a la una comunidad autónoma como Madrid. “No lo había visto nunca país y desde luego espero que no lo volvamos a ver porque es gravísimo”, ha expresado.
Así lo ha indicado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, después de que ayer el fiscal general compareciera en la Comisión de Justicia del Senado para presentar la Memoria anual de la Fiscalía referida a 2023. Allí, informó de que en la Fiscalía Provincial de Madrid y en las tres Fiscalías Áreas están revisando uno a uno los más de 100 casos recogidos en la denuncia colectiva presentada por asociaciones de víctimas el pasado mes de octubre por las personas fallecidas en residencias de mayores durante la pandemia.
Al respecto, el consejero ha criticado que el fiscal general del Estado utilice su intervención en el Senado para “amenazar” a una comunidad autónoma. “Haría bien en presentar la dimisión porque no tenemos conocimiento de ninguna democracia homologable a la española donde tengamos a un fiscal general del Estado imputado por saltarse la ley y por orquestar una operación de Estado junto con el Palacio de la Moncloa incluso borrando pruebas y muy importante”, considera.
Al hilo, ha valorado que “por estética y por ética” el fiscal no puede seguir “ni un minuto más en el cargo y muchísimo menores dando lecciones y utilizando el Senado para amenazar a una comunidad autónoma”.
“Eso no lo habíamos visto nunca en nuestro país y desde luego espero que no lo volvamos a ver porque es gravísimo, su imputación y gravísima la utilización de los medios del Estado para amenazar ahora también a una comunidad autónoma como Madrid”, ha apostillado García Martín.
Por otra parte, el consejero cree que es “lógico y razonable” que se conservan todos los datos telefónicos del fiscal general, después de que el magistrado del Tribunal Supremo que investiga la causa de la presunta revelación de secretos denunciada por Alberto González Amador –pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso– haya reclamado a la oficina de móviles dependiente de Justicia y de Hacienda los teléfonos que hubiese podido entregar el jefe del Ministerio Público desde el pasado marzo.
El consejero considera “lógico” que se pida que se conserven los móviles y la información porque el fiscal general del Estado “no solamente borra los mensajes de su cuenta de correo electrónico personal porque supuestamente dicen que le acusan, sino también que borra su terminal móvil y cambia incluso de línea”.
“Precisamente entendemos que para tratar de ocultar o para tratar de esconder esas pruebas, que pudieran o no incriminar, no lo sabemos a otros líderes, no sabemos incluso al propio Palacio de la Moncloa, lo cual parece razonable que pida que se conserven toda esa información”, ha indicado.
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