MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
El empresario iraní Massoud Zandi ha pactado con la Fiscalía de Madrid una reducción considerable de la solicitud de 30 meses de cárcel que le reclamaba inicialmente por estafar tres millones de euros al grupo La Sepulvedana para que invirtiera dinero en un falso negocio petrolífero en Sudán, han informado fuentes fiscales.
En el juicio, el acusado ha ratificado el acuerdo de conformidad alcanzado antes por las partes al haber abonado los tres millones de euros estafados durante la fase instrucción y reconocer el delito que se le atribuye.
En la sentencia que se dicte, la Sala aplicará conforme al acuerdo una atenuante de reparación del daño y la pena por el delito de estafa quedará reducida a cuatro meses de cárcel, que se sustituirá por una multa de 8 meses a razón de una cuota de diez euros diarios (2.400 euros).
El empresario iraní está inmerso en otras causas judiciales en España y declaró como testigo en el ‘caso Gescartera’, en el que la Audiencia Nacional investigó un escándalo financiero ocurrido en 2001 en el que desaparecieron unos 120 millones de euros.
Según el fiscal, Zandi llegó a España en la década de los noventa y desde entonces ha transmitido una imagen de alta solvencia empresarial, dedicado a la industria petrolífera, “con una vida de gran ostentación y fastuosidad”.
Residía en la Urbanización La Finca de Pozuelo de Alarcón, “haciendo uso de vehículos de alta gama, relacionándose con políticos y empresarios de primer nivel o gastando ingentes cantidades de dinero en fiestas de lujo”.
Tras el fallecimiento del propietario del grupo La Sepulvedana, el acusado entró en contacto con la viuda e hijo para forjar una relación de amistad y cercanía “en la que transmitía esa posición acomodada mediante invitaciones en los mejores locales de la capital”.
Poco a poco, se ganó su confianza “con el único objetivo de enriquecerse a costa del amplio patrimonio que sabía que estos tenían”, según relata el Ministerio Público.
MARCO DE CONFIANZA
En este marco de confianza, primero les informó de sus proyectos petrolíferos a través de la mercantil Star Petrolem “y, en especial”, de la intención de obtener los derechos de una reserva subterránea en Sudán del Sur, y a continuación les invitó a financiar el proyecto mediante una inversión de tres millones de euros, al objeto de ser destinados íntegramente a la actividad petrolífera.
Una vez convencidos de la veracidad de las informaciones que les suministraba el ahora acusado, el 7 de julio de 2009, a través de la sociedad Dawton Group, la familia efectuó una transferencia de tres millones de euros a una cuenta del acusado en el Commercial Bank Of Dubai.
Una semana más tarde se formalizó un contrato de financiación entre ambas partes, por dicho importe y con el mencionado fin, avalando tal operación la mercantil Hypersonyc, de titularidad exclusiva del acusado y socia mayoritaria de Star Petroleum.
Una vez recibida la transferencia el acusado incorporó a su patrimonio el total de la cantidad percibida “sin ingresarla en las arcas de Star Petroleum, ni destinarla a la obtención del derecho de explotación petrolífera”.
Ante la falta de respuesta sobre el destino del dinero y la explotación petrolífera, y tras requerir la devolución, el 17 de octubre de 2013 ambas partes suscribieron una adenda al contrato a fin de que el mismo fuera devuelto antes del 15 de diciembre de 2013, abonando el acusado exclusivamente 50.000 euros para simular una inexistente intención de devolución que no se efectuó.
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