MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
El mayor número de quejas al Defensor del Pueblo llegaron de ciudadanos de la Comunidad de Madrid durante el año 2023, con un total de 8.470, lo que supone un 24,8% más con respecto al año anterior cuando se registraron 7.780 quejas, según se desprende del Informe Anual de la institución hecho público este viernes.
A nivel nacional, se registraron 34.926 quejas en 2023, 3.849 más que en 2022, la mayoría de ellas relacionadas con la Administración de Justicia, la Seguridad Social, Interior, asilo, educación y sanidad.
Por procedencia geográfica, el mayor número de quejas llegaron de la Comunidad de Madrid (8.470), Andalucía (4.186), Valencia (3.973) y Cataluña (3.208). Se repite la situación de los últimos ejercicios, en los que estas cuatro comunidades ocuparon, en este mismo orden, la misma posición. El factor demográfico determina, en gran parte, los resultados numéricos en la distribución geográfica de los expedientes, puesto que es desde las CCAA más pobladas que se ha recibido un mayor número de escritos en el Defensor del Pueblo.
“Los ciudadanos han señalado con sus quejas que las administraciones no deben descuidar los servicios públicos esenciales, ni la sanidad, ni desatender las necesidades de los más vulnerables, ni la educación por ser estos fundamentales en un Estado de derecho moderno y solidario”, ha asegurado Ángel Gabilondo este viernes en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados en la presentación del informe anual.
Gabilondo ha afirmado que “los procesos de digitalización en las administraciones han de ser compatibles con la asistencia presencial, sobre todo para quienes no son nativos digitales o que, sencillamente, tienen dificultades para interlocutar a través de las nuevas tecnologías”.
En concreto, ha explicado que la institución tramitó 35.603 expedientes, 4.151 más que en 2022, que dieron lugar a 2.366 resoluciones a las diferentes administraciones, de las que 668 fueron recomendaciones, 987 sugerencias, 708 recordatorios de deberes legales y tres advertencias.
Además, inició 288 actuaciones de oficio ante distintas administraciones, 38 más que en 2022, y atendió personalmente a 37.752 ciudadanos, 36.572 de ellos a través de llamadas telefónicas y 1.180 de una forma presencial. También recepcionó 389 solicitudes de interposición de recursos ante el Tribunal Constitucional.
El informe recoge también un listado con llamadas y expedientes generados en actuaciones de urgencia fuera del horario de atención. La mayoría, (137 de atención telefónica y 96 expedientes generados) pertenecientes a Extranjería y Protección Internacional, le sigue Economía y Hacienda (14 y 5) y Sanidad (tres y uno), entre los primeros puntos.
“CAMBIOS ORGÁNICOS” EN EL IMV
Asimismo, sobre el Ingreso Mínimo Vital, Gabilondo ha indicado que “es necesario introducir cambios orgánicos”. También se ha referido a los menores migrantes y ha recalcado que se precisa adoptar medidas legislativas. “Este asunto no puede depender sólo de la buena voluntad de las comunidades autónomas, sino del compromiso de España con la Convención de los Derechos del Niño”, ha destacado.
En cuanto a la violencia de género ha expuesto que sigue siendo una “importante preocupación ciudadana” y que también lo es para el Defensor. “Continuamos trabajando para que se amplíe el ámbito de protección que ofrece la ley a todos los tipos de violencia de género”, ha afirmado. Así, ha destacado que han realizado una serie de recomendaciones para mejorar la gestión y la atención de las mujeres en los servicios públicos que se encargan de atender a estas víctimas.
En este sentido, se ha referido a la violencia vicaria, de la que ha señalado que se sigue denunciando “un uso indebido del síndrome de alienación parental” por parte de algunos jueces, fiscales y profesionales de los equipos psicosociales.
En todo caso, ha añadido que el Ministerio de Justicia ha trasladado al Defensor que las decisiones judiciales de suspensión del régimen de visitas para padres acusados o condenados por violencia de género han aumentado “muy notablemente” en el año 2023. “Se requiere un mayor compromiso con la protección de menores expuestos a ese tipo de violencia”, ha subrayado.
En el Informe, el Defensor del Pueblo también considera que los casos de abuso en menores tutelados no han recibido un tratamiento “transparente, ordenado y sistemático”. A juicio de la institución, cada Administración debe disponer de una información “sistematizada y lo más completa posible sobre la realidad a la que se enfrentan, a fin de diseñar las herramientas y procedimientos de actuación más adecuados para su uso por los servicios de protección de menores”.
Asimismo, el informe añade sobre esta cuestión que en lo que respecta al sexo de la víctima, han sido mayoritariamente niñas (81,4%) y la horquilla de edad que presenta más frecuencia de casos se sitúa entre los 14 y los 17 años.
“INFRAESTRUCTURAS ADECUADAS” PARA LA LLEGADA DE MIGRANTES A CANARIAS
Además, sobre los menores migrantes no acompañados precisa que es necesario dotar a las islas Canarias de “infraestructuras adecuadas” y de “personal especializado” en las llegadas para la identificación, acogida e integración de estos niños.
Gabilondo también ha precisado que han detectado casos de discriminación por origen racial o étnico en algunos ámbitos, como en el educativo, en población gitana, y “barreras que aún persisten con las personas con discapacidad”.
El informe también trata las quejas recibidas en materia sanitaria y detalla que estas tuvieron que ver con el “incremento” de los tiempos y las listas de espera para atención sanitaria especializada; la “insuficiencia” de recursos específicos para una atención integral a la salud mental; la “saturación” de los servicios de atención primaria y de urgencias hospitalarias y las “dificultades” para acceder a tratamientos de última generación de muy alto coste.
En esta línea, precisa que volvió a emprender actuaciones relativas a las “dificultades” que encuentran las personas extranjeras que residen en España para acceder a las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud.
En cuanto a las administraciones y servicios públicos, el documento expone que la institución tramitó 2.500 quejas por problemas para obtener citas de protección internacional y que también se registraron retrasos en los procedimientos de valoración del grado de discapacidad.
EDUCACIÓN
La prevención de la gratuidad del primer ciclo de educación infantil, los pacientes electrodependientes o la violencia escolar han sido otros asuntos que refleja el informe. Respecto a esta última, el Defensor del Pueblo ha detectado un aumento en la gravedad de los conflictos escolares y advierte de que estos casos de “extrema gravedad”, tanto por la conducta como por la corta edad de las víctimas y los presuntos agresores, han motivado la tramitación de oficio de diversas actuaciones en el último año.
Finalmente, Gabilondo ha recordado que el año pasado la institución presentó el informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia. Desde entonces, Gabilondo ha señalado que se han registrado 180 solicitudes de nuevos testimonios de víctimas de abusos sexuales en el entorno de la Iglesia. De ellos, ha apuntado que han considerado válidos, “hasta el momento”, 95 testimonios.
“El informe de actividad de la institución correspondiente a 2023 que les acabo de presentar desvela qué asuntos preocupan a la ciudadanía y qué precisa está de la Administración y de las Administraciones. Es evidente que necesitamos todos el apoyo mutuo y el apoyo de toda la sociedad”, ha indicado Gabilondo.
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